Rechazo de los gremios docentes

Gremios docentes salieron ayer a criticar con dureza la sanción de la ley que incorpora al sistema educativo formal a militantes sociales y vecinos sin título oficial que están al frente de alumnos en los denominados “jardines” o “escuelas comunitarias”.

La presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, dijo que “es el Estado el que debe cubrir esos cargos con docentes oficiales, capacitados para desarrollar una tarea pedagógica de suma importancia por tratarse del nivel inicial de la enseñanza”.

La titular de la federación de educadores bonaerenses aclaró que si bien “es valorable el trabajo que vienen realizando” esas personas, “el docente de nivel inicial está capacitado para aplicar estrategias pedagógicas y didácticas que le permiten abordar todos los aspectos en un niño en pleno desarrollo integral”.

Y luego se preguntó: “¿De qué calidad educativa estamos hablando si le vedamos a los niños que van a estos jardines comunitarios la posibilidad de contar con docentes formados para resolver las problemáticas propias de ese nivel?”.

“Una vez más -continuó Petrocini-, los legisladores dejan de lado a los representantes de los trabajadores para tomar decisiones que terminan afectando directamente a los propios docentes”, dijo, y añadió que “esta es una decisión preocupante, como muchas otras que el Gobierno ha tomado en las últimas semanas”, en referencia a la reforma que eliminó los aplazos en las primarias.

“Pareciera que cada medida que se toma en materia educativa termina perjudicando no sólo a los trabajadores sino también a los alumnos”, sostuvo la presidenta de la Feb.

“HAY QUE DEROGARLA”

Por su parte, el secretario general de Uda, Sergio Romero, realzó que “hay todo un sistema educativo organizado para que dicten clases quienes tienen el título de maestro o de profesor”, por lo que señaló que revisará “en forma exhaustiva” la norma para saber si se está “en presencia de un error de concepto”.

En tanto, el líder de Alternativa Docente -organización que nuclea a sindicatos de izquierda-, Francisco Torres, opinó que “un veto no resuelve nada”, por lo que solicitó que se derogue la ley.