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El juez en lo Contencioso Administrativo nº 1 de La Plata Luis Arias dictó una medida cautelar que frenó una resolución firmada por el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, permitiendo el alojamiento de personas en comisarías.
Arias dictó una cautelar impidiendo la aplicación de esta resolución y dispuso, además, que los jueces a cargo de los detenidos que hoy están en las comisarías resuelvan su situación.
Granados había firmado la resolución en mayo, pero a criterio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) esa norma contradecía el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exigió la adecuación de las condiciones de detención a las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Fue por eso que el CELS y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) presentaron una denuncia pidiendo la anulación de ese acto administrativo.
Ahora el juez Arias hizo lugar a la cautelar y opinó que la resolución de Granados era “regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado”, según informó el CELS en un comunicado.
El magistrado señaló, además, que de los relevamientos efectuados por los peritos se desprende que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales”.
El CELS precisó en el comunicado que “en mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de la historia: 33.166” y que “el 60 por ciento de estas personas no tiene condena judicial”. “La decisión del juez Arias ratifica las advertencias que se habían realizado sobre que el aumento de las detenciones en la provincia de Buenos Aires iba a conducir al colapso del sistema penitenciario bonaerense”, se agregó.
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