Un fallo que mete más ruido en la economía

Por MARIANO SPEZZAPRIA

Aunque era previsible, el fallo del juez norteamericano Thomas Griesa no deja de provocar inquietud y puede disparar más complicaciones para la economía, pero el Gobierno lo apelará en la búsqueda de estirar la controversia hasta enero próximo. Esas definiciones eran las que más consenso tenían ayer luego de que la Argentina fuera declarada en “desacato” por no cumplir con la orden del magistrado neoyorquino de pagar 1.330 millones de dólares a los “fondos buitre”.

En la práctica, la resolución confirmó que Griesa considera que la Argentina está “default”, una situación que es negada por el Gobierno con el argumento de que sigue pagando los vencimientos de la deuda. De hecho, este mismo martes depositará en Buenos Aires y en París unos 180 millones de dólares correspondientes al Bono Par, ahora bajo la ley de Pago Soberano. La duda que se plantea ahora es cuál será la reacción de los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

Es que no faltan economistas y abogados que advierten que los bonistas reestructurados no podrán colaborar con la Argentina tras la declaración de desacato que hizo el juez Griesa. Y que por ende los depósitos del Estado nacional en la cuenta de Nación Fideicomisos operarán en rigor como una caja de ahorro a la que los acreedores sólo podrán acudir en caso de que haya un acuerdo con los “fondos buitre” en 2015, una vez que la amenaza de la cláusula RUFO pierda significación.

Según pudo saber EL DIA, las negociaciones con los fondos especulativos -especialmente con el NML de Paul Singer- estarían lideradas por el sector privado, sin la participación del Gobierno en lo formal aunque con su visto bueno. En este punto, hay que recordar la presencia del empresario Eduardo Eurnekian en el hotel donde se hospedó la presidenta Cristina Kirchner en Nueva York, donde también estuvo el magnate George Soros, calificado irónicamente de “buitre bueno”.

Pero hasta que llegue ese momento, el Gobierno replicará el fallo de Griesa en términos políticos. Ayer por la noche, anticipó esa estrategia en un comunicado del Ministerio de Economía, tras una conversación entre la Presidenta y Axel Kicillof. En ese pronunciamiento, la administración nacional aseguró que la resolución del veterano juez norteamericano no tiene consecuencias prácticas para la Argentina, pero hizo responsable a la Casa Blanca por las decisiones que adopta el magistrado.

Pero hasta que llegue ese momento (de un acuerdo), el Gobierno replicará el fallo de Griesa en términos políticos

La respuesta política del Gobierno argentino a un fallo judicial -que también se expresó en sendas cartas enviadas por la Cancillería al vicepresidente norteamericano John Kerry y al propio Griesa- vuelve a poner en primer plano al ministro Kicillof, sobre quien se posan las miradas en momentos en que se da por hecha la salida de Jorge Capitanich de la Jefatura de Gabinete, pese a que el funcionario desmintió que vaya a regresar a Chaco para retornar su gestión como gobernador.

LA SUCESION DE CAPITANICH

En los pasillos del Palacio de Hacienda se comentaba ayer que el propio Kicillof se embarcó en la eventual sucesión de Capitanich y que su vice Emanuel Alvarez Agis podría quedar a cargo de Economía. Pero el vertiginoso ascenso del funcionario más escuchado por la Presidenta encontraría algún reparo entre los gobernadores peronistas, que no estarían de acuerdo en que Kicillof quede ungido como una suerte de primer ministro, lo que les restaría protagonismo y caudal político.

A su vez, la Presidenta se enfrenta ahora a un escenario delicado en el que no sólo debe decidir hasta qué punto le confiere poder a Kicillof, sino también encarar una estrategia judicial sólida para contrarrestar el fallo de Griesa. Un argumento al que seguramente apelarán los abogados argentinos es el que indica que “un juez no puede declarar en desacato a un Estado soberano”, ni tampoco imponerle multas, algo que por el momento el polémico magistrado neoyorquino evitó disponer.

Los partidos de oposición, en tanto, harán notar que en las reestructuraciones de 2005 y 2010 -hechas bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner respectivamente- el Gobierno argentino aceptó la jurisdicción de Nueva York, algo que entre las fuerzas izquierdistas reprocharon como una cesión de soberanía y las pro-mercado avalaron como una salida posible para esa circunstancia. Mientras se desarrolla este debate, las fluctuaciones cambiaras siguen provocando incertidumbre, a pesar que el blue ayer bajó 25 centavos.

Pero el dólar oficial cerró ayer su cotización en $8,49, tres centavos arriba del nivel del último viernes, mientras que la variante denominada “contado con liquidación” trepó hasta los $14,90 y el dólar bolsa a $15,15, lo que obligó al Banco Central a vender unos 50 millones de dólares de sus reservas. A su vez, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, dijo que siguen las operaciones “con lupa” para evitar una creciente fuga de divisas.

En la misma línea, se confirmó que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) promueve cambios al Régimen Penal Cambiario, establecido en la ley 19.359, para atacar el comercio ilegal de divisas. Incluso, trascendió que ese organismo sospecha que funcionarios del BCRA tienen connivencia con las “cuevas” financieras del centro porteño. Así las cosas, el fallo de Griesa le metió más ruido a una ya de por sí complicada economía argentina.