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Por MARIANO SPEZZAPRIA
Twitter: @mnspezzapria
Contra todos los pronósticos, el partido radical se convirtió en la estrella de las discusiones políticas de este fin de año argentino. Paradójicamente, su gravitación en el debate electoral se debe a su propia incapacidad de instalar un candidato con chances ciertas de llegar a la Presidencia, pero su despliegue territorial lo vuelve atractivo para otros postulantes más taquilleros en las encuestas. Uno de ellos es Mauricio Macri, quien decidió apostar fuerte a un acuerdo con la cúpula de la UCR.
La movida del alcalde porteño -que también incluye a Elisa Carrió, socia del radicalismo en la alianza UNEN- implicó un giro copernicano respecto de su estrategia original consagrada a la “tercera vía”, entendida como una alternativa política al eje peronista-radical que gobernó el país en los últimos 30 años. ¿Qué llevó a Macri a anticipar los tiempos si inicialmente se preveía que las definiciones serían adoptadas recién en marzo? Tal vez, la necesidad de sacudir el tablero.
Y por cierto que lo hizo, porque inmediatamente el radicalismo entró en una zona de conciliábulos entre los dirigentes que aceptarían el convite de Macri, como el jefe partidario Ernesto Sanz; los que prefieren un acercamiento en los distritos con el Frente Renovador de Sergio Massa y aquellos que sostienen la idea de que la UCR debe llevar un candidato presidencial propio, que no sería otro que Julio Cobos. Estos tres bloques dirigenciales se contarán las costillas mañana en San Fernando.
Hasta ese distrito del norte del Gran Buenos Aires, controlado políticamente por el massismo, más de 70 dirigentes radicales de todo el país llegarán al anochecer para reunirse en una cumbre a puertas cerradas y determinar los pasos a seguir. La relación de fuerzas que se conformó en la previa del encuentro tornaría dificultoso para Sanz lograr que su postura favorable a un acuerdo con Macri sea avalada en forma mayoritaria, aunque no por razones ideológicas sino electorales.
Por caso, el jujeño Gerardo Morales ratificará su acercamiento con Massa en base a los números de las encuestas en la provincia norteña, donde el líder del FR se encuentra primero en intención de voto y Macri tercero, detrás del gobernador bonaerense Daniel Scioli. En cambio, los radicales de Córdoba como el diputado Oscar Aguad bregarán por un pacto con el referente del PRO, mientras que los cuyanos optarían mayoritariamente por encolumnarse detrás de Cobos en UNEN.
En ese escenario de fragmentación, Sanz deberá afrontar cuestionamientos por su doble condición de titular del Comité Nacional y precandidato presidencial, que estarán en boca de aquellos dirigentes que reclaman una definición orgánica -y no personalista- de la política de alianzas del radicalismo de cara al proceso electoral de 2015. El senador mendocino estaría así obligado a actuar con muñeca política para evitar que la UCR se parta en tres pedazos con intereses contrapuestos.
Una versión indica que probablemente el radicalismo “no resuelva nada” como una forma de liberar a cada sector a jugar su propio partido, en una solución “a la peronista” de poner huevos en distintas canastas con el objetivo de mantener o mejorar su representación parlamentaria y apuntar a ganar algunas gobernaciones provinciales, cuyos mandatarios kirchneristas no se caracterizaron por hacer una buena gestión en los últimos años, en los que dependieron de la voluntad de la Casa Rosada.
Uno de esos gobernadores, el mendocino Francisco “Paco” Pérez, será anfitrión mañana mismo de un encuentro de mandatarios provinciales del PJ para iniciar los diálogos de cara al 2015 electoral. Hasta allí llegará Scioli, quien picó en punta para quedarse con la candidatura presidencial del arco oficialista, pero no otro aspirante Florencio Randazzo, el múltiple ministro nacional. Tampoco será de la partida el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, por un presunto veto de los gobernadores.
La sucesión de encuentros partidarios coincide con el vacío político que transmite la ausencia de la presidenta Cristina Kirchner de la escena pública. A la mandataria le aguardan algunos días más de reposo en la quinta de Olivos, tras lo cual iría retomando la actividad en forma paulatina. Mientras tanto envió al ministro de Economía, Axel Kicillof, a la cumbre del G20 que se desarrolló hasta ayer en Australia, donde el funcionario trasladó la prédica argentina contra los “fondos buitre”.
En su retiro de Olivos, la Presidenta coordinó los lineamentos de la presentación de Kicillof y el canciller Héctor Timerman ante el foro que nuclea a los países más poderosos del mundo, pero lo que más le interesó a la mandataria fue seguir al detalle la marcha de los debates parlamentarios sobre las reformas al Código Procesal Penal y a la Ley de Telecomunicaciones. La primera será aprobada en la semana por el Senado, pese a la resistencia de un grupo de jueces y fiscales.
Algunos encumbrados miembros de la Justicia federal temen que detrás de la reforma al CPP, se esté escondiendo un “Caballo de Troya” para facilitar supuestos manejos del kirchnerismo en la designación de fiscales. Uno de los voceros de esta hipótesis es Carlos Stornelli, ex ministro de Seguridad de la Provincia y actual fiscal, quien invocó una frase ampulosa -”siembra obsecuentes y cosecharás traidores”, dijo- para advertir que no será fácil la colonización de Comodoro Py.
La relación entre la política y la Justicia no es sencilla y por cierto que las presiones no son sólo potestad de los gobiernos de turno. Por caso, trascendió que Elisa Carrió consiguió una prórroga de 30 días antes de que la Junta Electoral bonaerense declare la caducidad de su partido, el ARI, tras una conversación subida de tono con un magistrado en La Plata. En la semana, “Lilita” también denunció a la oposición parlamentaria por facilitar la creación de una universidad militar.
Incluso, denunció que el Gobierno está dotando de poder al jefe del Ejército, César Milani, para convertirlo en “un nuevo Massera”, en alusión al jefe de la Armada que integró la cúpula de la última dictadura. Pero lejos de escucharla, los legisladores parecen estar más compenetrados en el proyecto denominado de “Soberanía digital”, con el cual el Poder Ejecutivo busca abrir el negocio de la TV paga a las telefónicas y a la vez condiciona a los actuales prestadores del servicio.
Al oficialismo se le abrió una grieta en torno a esta iniciativa, ya que muchos legisladores del interior del país no serían partidarios de perjudicar a los prestadores de cable de sus provincias, de quienes dependen en buena medida para hacer sus campañas publicitarias ante las elecciones de 2015. Estos intereses son cruzados porque también abarcan a las fuerzas de oposición, que advierte que le sería difícil llegar a posiciones de poder sin el sostén de algunos medios de comunicación.
Un ejemplo concreto lo ofreció días atrás la escasa convocatoria del cacerolazo denominado 13N, cuyos activistas en las redes sociales no contaron esta vez con el apoyo en la difusión por parte de los medios tradicionales. Aunque los motivos principales del fracaso de la protesta habría que buscarlos en la desmovilización de la sociedad debido a su cansancio de fin de año y a que el enojo de la clase media con la corrupción oficial ya no genera la indignación de otras oportunidades.
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