Denuncian que todavía falta mucho para garantizar los derechos de la niñez

Por NICOLAS MALDONADO

Hace diez años se aprobaba en nuestra Provincia la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez, una norma que produjo un cambio radical en la forma en que el Estado debe velar por el bienestar de los chicos. Gracias a ella se pasó de un modelo en que los menores eran objeto de un sistema que tendía a judicializar sus problemáticas y rara vez tenía en cuenta sus necesidades a otro en que son reconocidos como sujetos de derecho y su voz debe ser oída antes de tomar con ellos cualquier decisión.

Fruto del esfuerzo de diversas organizaciones civiles que trabajan con los chicos, la Ley de Promoción y Protección goza a diez años de ser sancionada de un enorme prestigio por el cambio de paradigma que permitió implementar. Pero lo cierto es que así de valorada como es su propuesta, se critica duramente su aplicación. Algunos de los principales referentes en el tema de niñez aseguran que la norma está lejos de cumplir su propósito y que el principal obstáculo es la falta de voluntad política por parte del Estado provincial.

La Comisión Interministerial, el órgano encargado de coordinar las políticas estatales en materia de niñez, sólo se reunió dos veces en los últimos diez años.

Estas criticas a la puesta en práctica de Ley encuentran su correlato en un informe del Observatorio Social de la Legislatura bonaerense donde se evidencia hasta qué punto muchos de los instrumentos previstos en ella nunca se crearon o tienen una existencia casi enunciativa. Es el caso, por ejemplo, de la Comisión Interministerial, el órgano encargado de coordinar las políticas estatales en materia de niñez, que en los últimos años sólo se reunió dos veces.

Sin ese órgano rector, los esfuerzos de ministerios y secretarías en pro de garantizarle derechos a los chicos no sólo “se traducen en acciones fragmentadas” -como denuncian algunas organizaciones- sino que otros instrumentos igualmente valiosos previstos por la norma tampoco funcionan bien. Así sucede con el Observatorio del Sistema, que sólo produjo dos informes en todos estos años, y también con los Consejos Locales (los espacios de participación comunitaria) que hoy sólo funcionan en unos pocos municipios por “el bajo nivel de estimulo y actividad de la Comisión Interministerial”.

Pero acaso el ejemplo que mejor describe el grado de voluntad existente para aplicar la Ley pase por el hecho de que la figura prevista por ella para exigir su cumplimiento, el Defensor del Niño, nunca se llegó a crear. Para el Foro por los Derechos de la Niñez, “la propia ausencia de este instrumento para fiscalizar al Estado constituye la prueba de que el Estado se reconoce como el principal deudor”.

SERVICIOS SIN RECURSOS PARA SERVIR

Pero lo cierto es que las falencias en la aplicación de la Ley de Niñez no pueden atribuirse sólo al Estado provincial. Como muestra el informe de la Legislatura, existen deficiencias importantes en los Servicios Locales (el principal espacio de contención de las problemáticas de los chicos en sus ámbitos de pertenencia), un órgano que corresponde a la esfera municipal. “A diez años de aprobada la Ley existe al menos una decena de municipios que no tienen todavía Servicios Locales y su funcionamiento en el resto de ellos es desparejo”, según explica Norberto Liwski, el director del Observatorio Social.

“Lo que más nos preocupa son las deficiencia de los Servicios Locales, el organismo por excelencia a la hora de atender los derechos de los pibes -señala también María José Cano, trabajadora social integrante de la junta interna de ATE en la Secretaría de Niñez-. Cómo los profesionales que se requiere para integrarlos (un abogado, un psicólogo y un asistente social) están muy mal retribuidos, renuncian apenas les surge una mejor oferta de trabajo y muchas intervenciones quedan a mitad de camino por falta de continuidad”.

“Muchos Servicios Locales funcionan casi sin recursos ni herramientas básicas para sostener el trabajo de sus equipos técnicos. A pesar de que existe un Fondo de Fortalecimiento de Políticas Sociales que se distribuye entre los municipios, ese dinero que debería destinarse para apuntalar el cumplimiento de la Ley se utiliza con otras finalidades”, menciona por su parte Rosario Hasperué, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud

“El Servicio Local funciona de forma absolutamente deficitaria porque no tiene medios ni muchas veces tampoco voluntad”, señala también Ricardo Berenguer, defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. “Atiende en horario de oficina y los chicos que están en la calle saben de horarios de oficina. Cuando estos pibes caen en el sistema desbordados por su propia problemática necesitan una respuesta inmediata -dice-: no sirve de nada si lo que se les ofrece es atenderlos después”.

ESFUERZOS AISLADOS POR FALTA DE COORDINACION

Con todo, como resaltan muchas organizaciones y referentes en materia de niñez, las dificultades que existen hoy para cumplir con la ley de Promoción y Protección de Derechos no pasan sólo por un problema de presupuesto, sino también por “una notable ausencia de coordinación y voluntad”. “El funcionamiento de la Comisión Interministerial (la encargada de diseñar las políticas provinciales) no está sujeto a cuestiones de presupuesto; depende sólo de una decisión política y una agenda de trabajo”, explica el director del Observatorio Social.

“Si bien contar con presupuesto es fundamental, falta también trabajar articuladamente, que es uno de los pilares de la Ley. En lugar de eso, hoy cada ministerio y secretaria dispone sus propios programas sin saber lo que hace el resto, lo cual da por resultado políticas fragmentadas para atender derechos que son interdependientes. Porque la realidad es que un pibe no puede acceder a la educación si no tiene salud, y es difícil que tenga salud si no cuenta con un lugar digno donde vivir”, explica María José Cano.

“A su vez -dice- la falta de coordinación de políticas entre los organismos públicos hace que las redes queden sometidas a la voluntad de los trabajadores y que cada cual trabaje sólo con aquellos con quien tiene afinidad política o se lleva mejor”.

“Lo que faltan no son tanto programas como articulación -coincide Ricardo Berenguer-. Programas hay muchos pero ninguno que se ocupe de los chicos en su integralidad y eso lo vemos todo el tiempo. Cuando un pibe cae en el fuero Penal, generalmente por un delito contra la propiedad, se busca reinsertarlo enseguida en la escuela. Pero como no tiene el hábito ni el contexto que lo impulse, ese pibe no se levanta de la cama y nadie se ocupa de ir a buscarlo para hacerlo ir. Así pasan los días hasta que el dispositivo adoptado termina finalmente cayendo por falta de acompañamiento y articulación”.

“En todos estos años ha habido esfuerzos puntuales de algunos funcionarios pero nunca una política de Estado para aplicar la Ley”, resumen desde el Foro de la Niñez.