La Justicia pide arreglos en la casa de la masacre de Barreda

Los escopetazos que en noviembre de 1992 acabaron con las vidas de Gladys McDonald (57), Elena Arreche (86) Cecilia Barreda (26) y su hermana Adriana (24) parecen haber matado, también, al devenir del tiempo en la imponente casona en la que pasó todo. Todo ahí adentro quedó como estaba, aunque con más humedad, más tierra, más años.

El responsable de la masacre, Ricardo Barreda (79), pidió hace unos meses que el estado provincial le pague por esa propiedad de 48 entre 11 y 12, ya que hace dos años la legislatura aprobó por ley su expropiación para convertirla en un centro de ayuda a víctimas de violencia de género, pero nunca se pagó nada.

De manera paralela a ese litigio continúa en el Juzgado Civil y Comercial 17 de La Plata el expediente por la sucesión planteada por los familiares de McDonald y Arreche (mujer y suegra del odontólogo, respectivamente), en el marco del cual se dispuso en las últimas horas realizar algunas reparaciones para “preservar la seguridad del inmueble”, dice el oficio.

Para eso se solicitó “a título de colaboración” a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que “por su intermedio y con carácter de urgente se proceda a proveer del material necesario e instrumentar los trabajos para restablecer el cerramiento adecuado del portón de ingreso”.

DESDE EL PORTON

Este pedido se formuló hace pocas horas, después de que el jueves pasado llegó al juzgado que interviene en el trámite sucesorio el dato de que el “portón de ingreso presentaba una hendidura en su parte inferior”, explicaron fuentes judiciales.

Autoridades judiciales concurrieron entonces a la casa que acumula pintura sobre pintura en su señorial fachada, confirmando que el portón tenía “una abertura en el lado inferior izquierdo, producto de haberse forzado el chapón -el cual se observa doblado hacia afuera-”, reportaron los voceros.

Los funcionarios procuraron entonces ingresar a la propiedad con la llave que está reservada en el juzgado, pero no pudieron, por lo que solicitaron un cerrajero del área de mantenimiento de la Corte provincial, que forzó el portón para poder acceder a hacer la inspección.

Con la cerradura inutilizada, se resolvió colocar una cadena con candado hasta que concluyan los trabajos de reparación necesarios y reforzar la custodia del inmueble.

Después de esa diligencia se tramitó el pedido de los materiales a la Delegación de Arquitectura de La Plata de la Suprema Corte, ya que “en estos autos sucesorios al día de la fecha no hay administrador designado ni existen fondos para solventar la reparación del portón”, destaca el oficio.

problemas de convivencia

En abril de este año Barreda vino a los Tribunales de nuestra ciudad, en busca de alguna alternativa a una difícil situación que estaría atravesando en su convivencia con Berta André, la maestra del barrio porteño de Belgrano que lo alojó después de que lo liberaron. Es que la mujer padecería problemas neurológicos y cuentan que el odontólogo teme que una denuncia de ella en su contra pueda hacer cesar su beneficio de libertad condicional.

Fuentes judiciales revelaron también que Barreda buscaba fondos para irse de la casa de su pareja, para lo cual se entrevistó con el camarista de la Sala I de la Cámara Penal local, Raúl Dalto, quien oficia como juez de ejecución.

Le contó al magistrado sus inquietudes y problemas económicos, ya que percibe como todo ingreso una jubilación mínima, que no le alcanza ni para vivir en una pensión. Quienes conocen a Barreda aseguran que “está obsesionado con la casa de la calle 48” y es por eso que ese mismo día concurrió con los abogados que lo patrocinan en la sucesión, e inició en el fuero contencioso administrativo un proceso de expropiación inversa. Pretende que el Estado le pague no menos de 400 mil pesos por la propiedad que quedó sujeta a una expropiación con la ley aprobada en noviembre de 2012.

Desde la Fiscalía de Estado ya anticiparon que “habría una decisión política de no pagarle a Barreda ni un solo peso”, pero Dalto hizo lugar al pedido del condenado a perpetua y solicitó informes al fuero civil y al contencioso administrativo sobre el estado de ambos procesos. Esos reportes aclaran que en la sucesión no hay aún ninguna resolución: ni declaratoria de herederos ni definición sobre el pedido de exclusión de herencia sobre Barreda interpuesto por los familiares de las víctimas.