Bonadio ahora mandó a buscar a la Afip las declaraciones de los Kirchner

LA FAMILIA KIRCHNER: NÉSTOR, CRISTINA Y SUS HIJOS MÁXIMO Y FLORENCIA. EL JUEZ BONADIO BUSCÓ EN LA AFIP INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE LA EMPRESA HOTELERA HOTESUR

La disputa entre el juez federal Claudio Bonadio y el Gobierno continuó ayer en una escalada en la que el magistrado le pidió a la Afip las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Fernández, de su antecesor y difunto marido, Néstor Kirchner; de sus hijos Máximo y Florencia y del empresario Lázaro Báez, mientras el Gobierno lo denunció por mal desempeño (ver página 5).

Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadio para presentarse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para recabar esa información, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la empresa Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, perteneciente a la jefa de Estado, informaron fuentes judiciales.

En el caso del ex presidente Kirchner se trata de sus declaraciones juradas entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.

Desde la Afip, su titular Ricardo Echegaray aseguró que “toda la información que piden siempre se ha entregado a los juzgados” y tras evitar pronunciarse sobre si la empresa Hotesur mantenía alguna deuda con ese organismo, reiteró “que al juzgado le informamos todo”.

alcanza a familiares y allegados

La medida ordenada por Bonadio tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado (hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, hermana del extinto mandatario) y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.

Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN) no tenía relación con Lázaro Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el posible vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.

La semana pasada Bonadio allanó un departamento en la calle Lavalle al 900 de capital federal, donde según los registros funcionó la sede fiscal de Hotesur. Pero el lugar estaba vacío y ninguna documentación de relevancia obtuvo en ese procedimiento.

Por esa decisión, el juez fue cuestionado por el kirchnerismo y el activista Luis D’Elía pidió que “simbólicamente” se ponga “su cabeza en una pica” frente a los tribunales federales.

Esta semana la presidenta Cristina Kirchner también contraatacó y reveló en sus cuentas de las redes sociales, tras su reaparición pública en un acto, que Bonadio tiene el 20 por ciento de una empresa que, como Hotesur, tampoco presentó sus últimos balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Entonces el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes denunció a Bonadio por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia fue sorteada ayer y quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien ya sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito que se había iniciado en 2004 por una denuncia de Elisa Carrió.

La oposicion con el juez

Referentes de la oposición, mientras, volvieron a respaldar al juez Bonadio y advirtieron que la denuncia del secretario de Justicia, Julián Alvarez, contra ese magistrado busca “obstruir el funcionamiento” del Poder Judicial.

En esa línea, el diputado nacional por el Frente Renovador Adrián Pérez pidió “respaldar la investigación” de Bonadio, al igual que el jefe de bloque de Diputados de Unión PRO, Federico Pinedo, quien advirtió que “el gobierno debería colaborar”. Mientras, el presidente del GEN bonaerense, Gerardo Milman indicó que Alvarez “debería ser apartado de su cargo” por “ejercer presión” sobre un juez federal.