Triple crimen: piden detención de testigo por grabación de video

El fiscal del crimen de La Plata, Marcelo Romero pidió hoy la detención de un testigo de identidad reservada por la filmación que le habrían obligado a hacer, presuntamente bajo amenaza y dopado, a Marcos Casetti, el ex policía imputado en la causa del triple crimen de la Planta Transmisora, del Ministerio de Seguridad bonaerense.

"En septiembre último, al menos un detenido en la Unidad 9 de La Plata, obligó a Casetti, también alojado en esa cárcel, a confesar su participación en el triple crimen, y a deslindar de responsabilidad a otros imputados en el citado hecho", dictaminó la fiscalía.

También se detalló que el imputado y otras personas, lograron la mencionada confesión "valiéndose para ello de violencia -

mediante el execrable recurso de proveer de sustancias narcóticas a Casetti a las cuales es adicto-, aprovechando la situación de minusvalía que padecía y también bajo amenazas de que familiares directos de éste sufrieran alguna lesión a su integridad física".

"Mediante esta vil maniobra coactiva --señala el dictamen fiscal--, el detenido Casetti fue obligado a brindar varias versiones del ilícito que motivó la investigación prealudida, según las específicas indicaciones que de su contenido le imponían, las cuales fueron registradas mediante una grabación de video", se agregó en el pedido de detención.

También se indicó que "asimismo, el 6 de octubre último, la misma persona -la supuesta hacedora del video con cámara oculta- compareció ante esta fiscalía a declarar, según lo solicitado por la defensa técnica de Juan Pablo Córdoba", otro de los detendios por el triple crimen.

"En ese acto -se agregó- no sólo omitió manifestar los detalles que rodearon la conversaciòn mantenida sino que aseveró hechos mendaces (bajo juramento de ley) en perjuicio de Casetti".

Entre las pruebas tenidas en cuenta para acreditar el hecho, el fiscal mencionó "el dispositivo subrepticio que registrara las imágenes de la confesión extorcada a Casetti".

Otra evidencia fue la declaración de Casetti, quien relató cómo se acercó el ahora imputado -un ex policía detenido por el delito de homicidio en ocasión de robo- en la Unidad 9, le suministró pastillas de Rivotril y las amenazas y promesas de dinero y fuga, como así también que tenía que ser preciso en la siguiente idea:"desvincular el móvil de la sustracción de droga presuntamente existente en la planta transmisora y sustituirlo por un inverosímil y ridículo atentado terrorista al ministerio de Seguridad y al proceso democrático que por esa época transcurría".

El doctor Romero le destacó en su pedido al juez de Garantías que interviene en el caso, César Melazo, quien ahora deberá resolver sobre este dictamen, que "tal como ha quedado acreditado, el aquí imputado (sus datos personales no se dan a conocer porque es testigo de identidad reservada) y otros intervinientes, cuya autoría quedará comprobada a resultas de la profundización de esta pesquisa, ha participado de manera decisiva, con apoyo extramuros, intentando malograr la investigación que vuestra señoría calificara como la más grave e importante de la historia democrática de la Provincia".

"Como si esto fuera poco, con su participación expuso a Casetti a una virtual condena de muerte", explicó el fiscal.

Además afirmó que "lamentablemente, la mentira pública tuvo real acogida en todos los medios de comunicación televisivos, radiales y gráficos, por lo que en el imaginario colectivo muy poco importará el hallazgo de la verdad histórica".

Por último precisó que "este irreparable daño se extendió a los familiares de las víctimas, quienes aún conviviendo con el dolor causado por la muerte violenta de sus familiares, fueron sometidos a un dolor adicional innecesario, pero sobre todas las cosas, cruel".

Ahora, el mismo que declaró haber realizado una cámara oculta a Casetti, en la que éste se hacia cargo del crimen junto a otras dos personas que no están detenidas en la causa enfrentará un proceso bajo sospecha de haber cometido "coacción en concurso real con amenazas calificadas", que tienen penas de hasta 15 años de prisión.