Luz verde a la Ley de Medios luego de que la Justicia salteña levantara la suspensión

La Cámara Federal de Salta dejó hoy sin efecto la última suspensión general de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la norma tiene finalmente luz verde para su aplicación efectiva.

Esta resolución abre la puerta a la reglamentación de la ley, a pesar de que varios artículos siguen suspendidos por la Justicia a raíz de medidas cautelares solicitadas por grupos empresarios de medios, entre ellos la cláusula de desinversión (artículo 161) que establece el plazo de un año para adecuarse a la nueva legislación y los límites a la multiplicidad de licencias (artículo 45).

"La ley está en funcionamiento, en plenitud y la autoridad de medios ejerce su función. No solamente puede aplicarse desde hoy, sino que ya era aplicable desde que hace diez días atrás, cuando la Corte Suprema dejó sin efecto la suspensión. Lo único que ha ocurrido es que la Cámara Federal de Salta ha resuelto de la misma manera que lo ha hecho la Corte", señaló el procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha.

El funcionario respondió así a las interpretaciones que indican que la norma continuará suspendida por algunos días más, por cuestiones procesales vinculadas con el plazo establecido para que la parte demandante presente su eventual apelación ante la resolución de la Cámara.

El tribunal, compuesto por los camaristas Roberto Loutayf Ranea, Luis Rabbibaldi y Jorge Villada, hizo lugar a un recurso planteado por la Procuración del Tesoro de la Nación que había apelado la medida de primera instancia tras el fallo de la Corte Suprema que revocó una cautelar similar dictada en Mendoza.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada en el Congreso en octubre pasado en el marco del enfrentamiento del Gobierno con el Grupo Clarín.

Su aplicación implicará importantes cambios en el mapa de medios, ya que establece fuertes limitaciones en la cantidad de licencias que puede tener una empresa y permite la participación en el mercado de organizaciones sin fines de lucro.
La norma, que reemplaza a la que estaba vigente desde la última dictadura (22.285) genera resistencia de gran parte del arco opositor y los grandes grupos mediáticos, pero cuenta con el apoyo de organizaciones sociales y sindicatos de periodistas.

En primera instancia, el juez federal de Salta Miguel Medina había suspendido la aplicación total de la ley, al hacer lugar a un pedido de la legisladora opositora Zulema Daher, de Unión Peronista, quien denunció irregularidades en proceso de sanción en el Congreso.

En coincidencia con lo dispuesto por la Corte en el expediente de origen de Mendoza iniciado por el diputado del peronismo disidente Enrique Thomas, ahora la Cámara siguió ese criterio respecto a la legisladora del mismo espacio.

Los camaristas salteños remarcaron que tuvieron en cuenta la sentencia de la Corte, que estableció la falta de autoridad de los jueces para paralizar la aplicación de toda una ley, aunque -a diferencia del máximo tribunal- indicaron que los legisladores tienen legitimidad "si logran demostrar un interés personal", algo que Daher no hizo.

"El alto tribunal se ha pronunciado hace nueve días, en el cual se analizó un asunto idéntico al que aquí se considera en tanto se formularon las mismas objeciones y se suministraron semejantes respuestas", recordaron los jueces, quienes afirmaron que ello "obliga a esta Cámara a respetar el citado pronunciamiento".

Ahora, hay otras dos medidas cautelares contra una parcialidad de la Ley, una de ellas la iniciada por el Grupo Clarín por el artículo 161 y que hasta el momento tuvo resolución favorable en primera y segunda instancia, por lo que la cuestión terminará nuevamente en la Corte Suprema.

Mientras tanto, la presidenta Cristina Kirchner tiene a la firma un decreto para avanzar en la reglamentación de la ley con la apertura a la participación ciudadana a través de foros regionales y el aporte de propuestas vía web.