Gualeguaychú: la Justicia confirma que se debe garantizar libre tránsito

Luego de tres años y medio de bloqueo del puente General San Martín en repudio a la papelera de UPM (ex Botnia), la Justicia reiteró hoy su pedido al Gobierno para que "garantice el libre tránsito" del paso fronterizo y los asambleístas de Gualeguaychú se declararon en estado de "alerta" y se movilizaron a Arroyo Verde ante un posible desalojo.

El juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, remarcó que existe una "orden judicial previa" que dispuso arbitrar los medios necesarios para garantizar "la normal circulación de vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos con Uruguay, y para velar por la seguridad de los manifestantes y de las personas que quieran utilizar" esas vías.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema de Justicia, el juzgado remarcó que "desde un inicio de los cortes de los puentes internacionales se ha propendido a garantizar el derecho constitucional de libre tránsito" y que "supeditó el cumplimiento de dichas mandas y su modalidad operativa a las instrucciones que recibiera la fuerza preventora del Ministro del Interior".

Agregó que, si bien a la fecha no se han cumplido esas órdenes judiciales, "ello no les quitó vigencia a las mismas, pues expresamente y dada la especial conflictividad existente, se dejó librado a un criterio de oportunidad su instrumentalización", lo que ordenó informar al jefe de la Gendarmería Nacional.

El avance de la causa judicial, iniciada por la denuncia de un grupo de vecinos entrerrianos que pidió el levantamiento del corte, se produce luego de que el Gobierno confirmara que está dispuesto a responder a un eventual pedido judicial para desalojar el paso fronterizo hacia Fray Bentos.

Sin embargo, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ratificó este martes que el Gobierno "no va a reprimir" a los asambleístas de Gualeguaychú que decidieron mantener el bloqueo en contra de la papelera luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que avaló el funcionamiento de la planta.

"El Gobierno va a actuar como actuó siempre, es decir, si hablamos desde el punto de vista de la represión, no va a reprimir", señaló Fernández.

En declaraciones radiales, el funcionario dijo que "habrá que ir viendo la forma de resolverlo si la Justicia se expide en tal sentido" y aseguró que "no es la vocación" del Gobierno actuar para "lastimar a nadie".

Fernández recordó que el año pasado "el juez (de Concepción del Uruguay, Guillermo) Quadrini presentó puntualmente decisiones que tenían que ver con liberar los puentes, y se hizo eso con Concordia-Salto y Colón-Paysandú" sin que se registraran hechos de violencia.

En su fallo, el juez remarcó que a excepción de las marchas previamente anunciadas, el "derecho de reunión" garantizado por la Constitución "no sustenta la arrogación de uso exclusivo del corredor vial" por lo que "la posible colisión o tensión de fuentes de una misma especie o jerarquía -en el caso, con el derecho de libre tránsito- "resulta inexistente".

Además, se basó en las constancias de la causa y en los informes elaborados por Gendarmería Nacional "en donde consta que la modalidad de obstrucción permanente de la ruta es llevada adelante por cuatro personas en turnos rotativos", y sostuvo entonces que "el corte no es una consecuencia necesaria de la aglomeración de personas que quieren hacerse escuchar".

Remarcó además que el corte de ruta no afecta a quien se "sindicaría como protagonista del riesgo", es decir UPM, sino sobre "terceros" -los usuarios del carril vial- y apuntó también que las acciones judiciales en La Haya y en el Juzgado de Concepción muestran que no hay "ausencia de respuesta desde los medios institucionales existentes" que avalen el bloqueo.

"El resultado obtenido al ejercitarse las acciones legales ante la Corte Internacional de Justicia reducen significativamente las posibilidades del Estado de dar una respuesta inmediata a cuanto se peticiona -amén del monitoreo conjunto en tratativa-, por lo que supeditar el cese de la obstrucción de la ruta al desmantelamiento de la planta de celulosa deviene desproporcionado e irrazonable", remarcó el juez.

Mientras tanto, los asambleístas que se encontraban reunidos en el club Frigorífico local se movilizaron en la noche del lunes hacia Arroyo Verde después de que circulara un fuerte rumor en esa ciudad entrerriana sobre la inminente orden del juez Pimentel para levantar el bloqueo.

Ana Angelini, asesora de la Asamblea de Gualeguaychú, remarcó que los vecinos van a "resistir pacíficamente" en el corte del puente General San Martín y seguirán adelante con la protesta.

Angelini señaló que "si hay violencia será por parte de Gendarmería" ya que los ciudadanos de Gualeguaychú "no van a hacer ningún tipo de agresión ni ninguna acción que impida que los gendarmes lleven adelante su accionar".

"La Asamblea simplemente se va a quedar en el lugar. Si la fuerza que envían actúa en forma violenta, será cuestión del Gobierno nacional asumir la represión que quiera llevar adelante", aseguró.