Realizan inspección ocular por "mafia de medicamentos"

El empresario Gabriel Brito, imputado en la causa por la llamada "mafia de los medicamentos", sostuvo hoy al ser indagado por el juez Norberto Oyarbide que su aporte a la campaña presidencial de Cristina Kirchner fue realizado "bajo amenaza" por parte de los recaudadores.
 
Brito dijo que esas amenazas y presiones fueron realizadas en la Superintendencia de Servicios de Salud, adonde luego se dirigió junto al juez, quien quiso precisar sus dichos con una inspección ocular.
 
"Lo de hoy es otro golpe más para el Gobierno. Se demostró que (la ratificación de aportes) se hizo bajo amenaza. Una vez más colaboro con la Justicia y nos ponemos a disposición porque no le tenemos miedo a nadie", indicó el empresario en declaraciones a la prensa tras la inspección.
 
De ese modo, se refirió al supuesto encuentro que mantuvo con autoridades de la Superintendencia de Salud el 12 de noviembre de 2008 cuando lo habrían hecho firmar una "ratificación de aportes" para la campaña presidencial que nunca había realizado.

Apuntó contra el actual gerente de la ANSeS, Sebastián Gramajo, la escribana Andrea Rey, el entonces superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli -removido ese mismo 12 de noviembre- y Néstor Lorenzo, de la droguería San Javier.

"Yo firmé, pero esa ratificación es totalmente ilegal porque se hizo sin la presencia de un escribano. Tenía que firmar porque me amenazaron y habían sucedido varios hechos que fueron de público conocimiento como el triple crimen de Rodríguez y la masacre de Unicenter", indicó.

La inspección en el edificio ubicado sobre la avenida Diagonal Norte, de la que también participó el secretario del juzgado Carlos Leiva, fue dispuesta luego de que Brito, titular de Global Pharmacy, fuera indagado por Oyarbide por más de dos horas en los tribunales de Comodoro Py.

Durante la audiencia, Brito dijo que fue en las oficinas de la Superintendencia donde lo presionaron varios funcionarios ahora implicados en la causa para que ratificara que había aportado voluntariamente los 310 mil pesos a la campaña electoral de 2007 que consagró a Cristina Kirchner como presidenta.

En esa reunión, según relató el empresario, tuvo lugar el 12 de noviembre de 2008 y estuvo Gramajo, la escribana Rey, y en un despacho contiguo del tercer piso Capaccioli y Lorenzo.

Gramajo, Rey y Capaccioli están imputados en la causa y ahora el juez tendrá que resolver sus situaciones procesales, mientras que Lorenzo está detenido desde hace varios meses junto con el sindicalista Juan José Zanola.
 
Según indicó Brito, su intención nunca fue aportar ese dinero a la campaña, sino que apareció como tal tras ser engañado por el empresario Lorenzo, a quien él le había hecho entrega de cuatro cheques por la suma de 310 mil pesos en total.

Brito dijo que fue llevado engañado por Lorenzo a la Superintendencia y que todos le tendieron una trampa para que firmara unos papeles ratificando haber aportado en forma voluntaria el dinero para la campaña.

Esos 310 mil pesos fueron en cuatro cheques -según la versión del empresario- que Brito le dio a Lorenzo, y luego éste los endosó en la Cooperativa Vernet, para ser aportados en la campaña.

Cuando Brito hizo mención a esa reunión en la Superintendencia, el juez le preguntó si podía precisar el lugar donde se realizó la reunión, cómo fue que ingresó y quienes participaron de la misma.

Por ello, y luego de tener el visto bueno de Brito, se dirigieron acompañados por efectivos de la Policía Federal a la Superintendencia para llevar a cabo el trámite, que fue filmado en todo momento y del que participaron dos testigos.

Brito está proceso por asociación ilícita y fue excarcelado en septiembre del año pasado por orden de la Sala II de la Cámara Federal.