Caso Bulacio: tres años de prisión en suspenso para ex comisario por privación ilegal de la libertad

El ex comisario Miguel Angel Espósito fue condenado hoy a tres años de prisión en suspenso por la privación ilegal de la libertad calificada que sufrió Walter Bulacio en abril de 1991, cuando iba a un recital de Los Redonditos de Ricota, y tras la cual murió en un hospital.

Espósito (65) no tendrá que ir a prisión ni deberá lidiar con una apelación de la querella, porque ante esta sentencia los familiares de Bulacio quedaron inhabilitados para recurrir ante la Cámara de Casación Penal.

La Fiscalía había pedido dos años de cárcel, mientras la querella solicitó seis años, mínima y máxima del delito por el que Espósito llegó a juicio: "privación ilegal de libertad cometida por funcionario público agravada por tratarse de una persona a la que se le debe respeto".

El Tribunal Oral en lo Criminal 29 resolvió dictar una pena intermedia: la mitad de la pretendida por la querella y sin mandar al acusado a prisión. El viernes 15 se darán a conocer los fundamentos.

Esposito eligió no estar presente al momento de fallo. Ya había conseguido en el debate evitar la sala de audiencias aduciendo un problema de salud y seguía las audiencias desde un edificio del Consejo de la Magistratura por teleconferencia.

Pero el acusado le dijo hoy a los jueces que si podía elegir, no quería escuchar el veredicto y se limitó a decir sus últimas palabras, agradeciendo al tribunal el trato dispensado.

Tras el fallo, la abogada querellante María del Carmen Verdú dijo que el agradecimiento de Espósito "lo ilustraba todo".

Bulacio, de 17 años, fue detenido el 19 de abril de 1991 en el estadio de Obras Sanitarias junto con otros 73 jóvenes en una "razzia" policial.

El arresto se dio por el "Memorando 40", mediante el que la Policía podía detener a un menor sin intervención de la Justicia cuando no hubiera delito y luego entregarlo a los padres.

El adolescente apareció golpeado en la comisaría 35 y fue trasladado a un hospital, donde murió seis días después.

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino por denegación de Justicia y lo obligó a reabrir la investigación.

Hace un mes y medio, Espósito comenzó a ser juzgado por privación ilegal de la libertad por los jueces Rodolfo Goerner, María Cristina Deluca Giacobini y Alejandro Litvacks.

Hoy, la audiencia comenzó casi una hora después de la convocatoria, por problemas de sonido de la teleconferencia.

Fueron tantas las vueltas que dieron los empleados del tribunal para solucionar el tema, que la abogada querellante se entusiasmó con la posibilidad de ver a Espósito cara a cara. Pero las complicaciones fueron superadas minutos después, aunque los ruidos a "fritura" que soportaron los jueces cuando Espósito tomó el micrófono solo se toleró porque el acusado habló poco.

Tras confirmar que un médico estuviera vigilando la salud del acusado, el presidente del TOC le ofreció el derecho de hacer alguna manifestación antes del veredicto. "Sí, lo deseo", dijo.

"Simplemente quería dar al tribunal mi más profundo agradecimiento por cómo he sido tratado, por cómo me han cuidado y nada más. Sólo quiero agradecer la atención que tuvo el tribunal con respecto a mi salud", sostuvo.

Cuando Goerner le preguntó si iba a estar presente para conocer su sentencia, Espósito -traje gris y camisa celeste a cuadros- respondió: "Si puedo elegir, diría que no".

A las 15.30 el TOC reanudó el debate para leer el veredicto, mientras una movilización esperaba afuera con carteles que pedían justicia diciendo que a Walter "lo mató la policía".

La resolución fue casi un trámite, e inmediatamente después familiares de víctimas de gatillo fácil y organizaciones de izquierda fueron a Plaza de Mayo para un recital-homenaje.

"Walter va a estar siempre -dijo Tamara, su hermana-. Tengo una sensación rara de impotencia y bronca, pero al mismo tiempo después de tanto algo al menos se hizo".

Y Verdú reseñó: "Walter es solo uno, emblemático sí, pero solamente uno de los cuatro mil pibes asesinados en democracia por el aparato represivo estatal. Esta es la respuesta que puede dar el Estado: tres años de prisión para un comisario cuya única preocupación era mirar para por arriba de su hombro cuando salía de su casa de Floresta para evitar un escrache"