Conflicto con Vale: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria

El Gobierno dictó hoy la conciliación obligatoria en el conflicto con la minera brasileña Vale, en el yacimiento de potasio Río Colorado en Mendoza y amenazó con aplicar fuertes multas a la compañía si no cumple con la legislación laboral argentina.

El Ejecutivo nacional también dejó latente la posibilidad de reclamar a Vale que reintegre al Estado argentino los beneficios impositivos de los que gozó desde su ingreso a la mina de potasio de Malargüe, hace cuatro años, tras adquirir la concesión de los activos a la empresa Río Tinto.

Al mismo tiempo, garantizó la continuidad de ese proyecto en Mendoza, aunque dejó en claro que primero es necesario resolver la situación de Vale después de que la compañía anunciara esta semana la suspensión de sus operaciones allí y preservar los puestos de trabajo de más de 4.200 operarios.

En estos términos se expresaron los ministros Carlos Tomada, de Trabajo, y Julio De Vido, de Planificación Federal, en una conferencia de prensa que compartieron este viernes en la cartera laboral junto al viceministro de Economía, Axel Kicillof, gobernadores y funcionarios comunales.

Tomada explicó que el Gobierno resolvió dictar la conciliación obligatoria, que estará vigente hasta el próximo 11 de abril, después de que autoridades de Vale, liderados por su presidente, Sergio Leite, faltaran a una audiencia laboral acordada para este viernes en el Ministerio.

La medida dispuesta por el Ejecutivo nacional implica que tanto Vale como las firmas contratistas y subcontratistas involucradas en el proyecto Potasio Río Colorado deberán mantener los puestos de trabajo y pagar la totalidad de los salarios, mientras el Gobierno continúa con las negociaciones con la compañía minera de origen brasileño.

En este contexto, Vale tendrá que dejar sin efecto los despidos anunciados y otras medidas que pudo haber tomado con respecto a los trabajadores, a raíz de su decisión de abandonar la explotación en el departamento de Malargüe.

Tomada afirmó que "toda empresa tiene una responsabilidad social que cumplir y que respetar, la empresa Vale no lo hace", y agregó que después del faltazo de Leite a una audiencia que él mismo había solicitado -de acuerdo con el ministro- se dictó la conciliación obligatoria.

La decisión se tomó "en defensa de los trabajadores, por supuesto con el conocimiento de la presidenta (Cristina Kirchner) y de los gobernadores" cuyas provincias están involucradas directa o indirectamente en el proyecto, Mendoza, Neuquén y Río Negro, además de la ciudad de Bahía Blanca.

"A partir de este momento no se podrá producir ningún despido y se debe retrotraer cualquier medida que se haya tomado en ese sentido (...) Exigimos el pleno respeto a la conciliación obligatoria como lo establece la legislación argentina", expresó Tomada en la rueda de prensa.

El ministro calificó la medida como "un período de paz impuesta" y advirtió con aplicar fuertes multas a Vale si no cumple con la resolución del Gobierno.

De Vido, por su parte, acusó a la compañía minera de haber violado las leyes laborales nacionales y el contrato de concesión otorgado por Mendoza para la explotación del proyecto de Potasio en Malargüe, donde inició sus operaciones en febrero de 2009.

Dijo que también incumplió la ley de inversiones mineras, por lo que Vale quedó expuesta a que el Gobierno le reclame la devolución de las ventajas impositivas con las que se benefició desde que tomó el control de la mina.

De Vido dijo que la empresa cortó de manera abrupta el proceso negociador, al no presentarse a la audiencia de este viernes, pactada para las 15:00 en la cartera labora, tras una reunión celebrada el miércoles pasado en el mismo Ministerio.

Finalmente, tanto De Vido como el gobernador mendocino, Francisco "Paco" Pérez, aseguraron que el proyecto de potasio "va a continuar" en Malargüe, aunque primero "hay que resolver la situación administrativa y jurídica de la concesión" después de la partida de Vale de la mina