Maltrato infantil: alertan sobre la escalada de violencia hacia los chicos

En los últimos días fueron noticia el asesinato de una niña de 7 años en Buenos Aires y de una pequeña de 3 en Mendoza a causa de la violencia que sufrían por parte de miembros de su familia, una realidad que evidencia la escalada del problema y dispara interrogantes que los propios especialistas tratan de responder. ¿Qué lleva a un adulto a golpear a un chico? ¿Qué está pasando que los casos de chicos golpeados, abusados y asesinados parecen haber tomado un camino peligrosamente en alza?

Para la psicóloga Pilar Vendrell, integrante de Profesionales Latinoamericanos contra el Abuso de Poder, lo primero que se debe cuestionar seriamente es “que pasa con esta sociedad que parece horrorizarse frente a lo consumado pero no reacciona, ni se cuestiona no haberlo hecho, cuando escuchaban los sonidos aterradores de la violencia, en especial el maltrato infantil?”.

Una primera respuesta es que la población “debe involucrarse en la prevención y en la denuncia de la violencia”, aportó la profesional. En tanto, Norma Chiapparrone, secretaria general de la Asociación Argentina y de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, opinó que “hay una negación del niño y la niña como sujetos de derecho”.

Esto porque “continúa la percepción social del dominio que la familia tiene sobre los chicos como algo privado, como un privilegio de los padres” actitud que entorpece “la denuncia de quienes saben que existe maltrato”, agregó la abogada.

También identificó “otros obstáculos estatales” que se dan cuando se denuncia “pero nadie hace nada o la justicia llega tarde”. La combinación de estos dos factores “ponen en situación de indefensión a los niños y niñas”.

En Argentina, la ley de niñez 26.061 establece en el artículo 9 que “la persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley”.

Chiapparrone recordó que el Código Procesal Penal estipula que “toda persona que tenga noticia de un delito podrá denunciarlo al juez, al fiscal o a la policía” lo que incluye a “los funcionarios o empleados públicos, los profesionales médicos o del arte de curar en general que tienen la obligación de denunciar”.

La violencia que lastima física y emocionalmente y que mata “es inadmisible e indignante” aseveró Ennio Cufino, representante adjunto del organismo de derechos de niñez de Naciones Unidas (Unicef) en Argentina.

Para él, “es necesario apelar a la justicia, para que actúe de manera ejemplar y disuasiva, y a la sociedad en su conjunto, para que refuerce las estrategias de prevención”.

El año pasado, el organismo junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación presentó la primera encuesta sobre condiciones de vida de niñez y adolescencia (Ecovna).

Allí pudo verse que, si bien sólo el 3,7% de padres encuestados consideró que a los niños se los debe castigar físicamente para educarlos, los chicos reciben reprimendas que van desde un chirlo hasta una paliza.

“El 42% de los padres de niños más pequeños de 2 a 5 años declaró haberle pegado un chirlo en el último mes anterior a la encuesta; y el 5,4% declaró haberle pegado en la cabeza”, reveló la Ecovna.

Cufino aseveró que “el castigo disciplinar no es una opción válida para educar y generalmente es proporcional al nivel de stress y ansiedad de los adultos y no a la seriedad de los actos que hizo el chico o chica”.

La disciplina “es el resultado del buen trato y el diálogo y si los adultos cuidadores se ven desbordados por la situación, lo correcto es pedir ayuda de personas de confianza y cuando es posible de profesionales”, añadió el representante de Unicef.

Para pedir asistencia ante situaciones de violencia contra niños se puede llamar, las 24 horas, a los teléfonos gratuitos 137, 911, 102, o recurrir a la Oficina de Violencia Doméstica de Lavalle 1250, planta baja, en la ciudad de Buenos Aires o a juzgados provinciales.