En Estados Unidos deciden la vuelta de la silla eléctrica

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El gobernador de Tennessee, Bill Haslam, firmó el pasado jueves una ley que permitirá el envío de los condenados a muerte a la silla eléctrica, debido a la escasez de las drogas que se utilizan para aplicar inyecciones letales en ese estado.

En este sentido, los legisladores estatales ya habían aprobado el texto por abrumadora mayoría-la votación fue de 23 a 3- en el Senado y de 68 votos a favor contra 13 en contra en la Cámara de Representantes local.

Desde 2011, en el referido Estado y en otros 31, se ha experimentado la escasez de pentotal sódico-componente clave en la aplicación de la inyección letal-, dado que por aquel entonces la empresa estadounidense Hospira, detuvo la producción de dicho fármaco.

En relación a la decisión adoptada por Tennessee, Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, explicó que es el primer estado en aprobar una ley que reintroduce la silla eléctrica sin dar a los reclusos una opción.

"Hay estados que permiten a los internos elegir, pero es muy distinto que un estado imponga un método como el choque eléctrico", destacó Dieter. “Ningún estado había ido tan lejos’’, agregó.

El funcionario destacó además que probablemente la iniciativa enfrente escollos legales debido a la protección constitucional contra el castigo cruel que prevé la Carta Magna norteamericana.

Cabe mencionar que en Estados Unidos actualmente hay más de 3,000 personas condenadas a muerte, a la espera de su ejecución. Dentro de ese número, la población de color representa el 41 por ciento de los sentenciados.

Asimismo, desde que el Tribunal Supremo de ese país reinstaló la pena de muerte, en 1976, ya han sido ultimadas 1.378 personas.

El país del norte es de los que realiza más ejecuciones que cualquier otra democracia en el mundo, y junto con San Cristóbal y Nieves el único país del continente americano que practica actualmente la pena capital.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas analizó el jueves pasado la implementación del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos por parte de Washington, y uno de los puntos negativos más destacados por los miembros del organismo fue el hecho de que, a pesar de las leyes y normas existentes, "en la práctica" la discriminación racial es un hecho constante.

En ese lapso, Bruce Swartz, el Fiscal General adjunto de la división criminal del departamento de Justicia estadounidense afirmó que los casos de condena a la pena capital son minuciosamente revisados y que el Gobierno está "preocupado" por la desproporción de afroamericanos y latinos que pueblan las cárceles de su país.

En otro orden, la última ejecución que se llevó a cabo en el Estado de Oklahoma puso en el tapete la discusión sobre los métodos para aplicar la pena: Clayton Lockett (38) había asesinado a una mujer de 19 años y debía ser ejecutado el 29 de abril pasado con una inyección letal.

El homicida murió de un ataque al corazón luego de pasar 45 minutos sufriendo convulsiones, muy agitado, con el cuerpo tembloroso, emitiendo gruñidos y pronunciando palabras incomprensibles, mientras luchaba por respirar.

A raíz de lo ocurrido con Lockett, la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, ordenó una revisión de la inyección letal como método de ajusticiamiento que contempla dicho estado.

En relación a la cuestión, también se pronunció el presidente estadounidense, Barack Obama, quien ordenó al secretario de Justicia, Eric Holder, un "análisis" de la pena capital.

Cabe recordar que en junio de 2013 el Papa Francisco dirigió un mensaje a los participantes del 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que se realizó en Madrid (España). Allí solicitó que "las sentencias capitales sean conmutadas por un castigo menor, que ofreciera tiempo e incentivos para la reforma del culpable". En tal sentido dijo que "Es imperioso, hoy más que nunca, recordar y afirmar la necesidad de un reconocimiento y un respeto universal de la dignidad inalienable de la vida humana, en su inconmensurable valor"

Cifras de 2013

De acuerdo a datos de 2013 brindados por Amnistía Internacional, al menos 778 personas fueron ejecutadas en 22 países.

China fue el país que ejecutó a más personas que el resto de las naciones del mundo juntas, aunque no se conoce con certeza la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte allí, pues los datos al respecto se consideran secreto de Estado.

Asimismo, se registraron aumentos de las ejecuciones en Irán e Irak. Irak ultimó al menos a 169 personas, lo que supuso un aumento del 30 por ciento con respecto a 2012 (129). En Irán, las ejecuciones reconocidas oficialmente ascendieron al menos a 369.

Durante el año pasado tuvieron lugar al menos 1.925 condenas a muerte en 57 países, más que en 2012 (alrededor de 1.722 condenas de muerte en 58 países).De esta manera, al final de 2013 había al menos 23.392 personas condenadas a la pena capital