Creen que habrá un fuerte impacto en la economía

La situación de Argentina se complicará aún más tanto en la macroeconomía como en la economía doméstica, si los acreedores de la deuda reestructurada no aceptan el nuevo plan del Gobierno de canjear a bonos bajo la ley local para evitar eventuales embargos de acreedores en Estados Unidos, según analistas y economistas consultados sobre la propuesta oficial, tras el revés en la Justicia de EE UU.

En ese sentido, coincidieron en que si no se consigue una adhesión mayoritaria al canje y éste termina por ser compulsivo, el país incurriría en una suerte “default selectivo” que tendría consecuencias negativas en el rumbo económico. Entre ellas, que “se caiga el financiamiento que reciben las provincias con problemas fiscales, lo que provocaría que se paren obras públicas y haya menos trabajo”, dijo a AP Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres y Asociados.

También se devaluaría el peso con otra disparada del dólar, lo que aumentaría la inflación, que en los primeros cinco meses del año ya alcanzó 13,5%.

También, opinan economistas, que se “acentuaría la recesión”, que ya viene dando signos negativos en distintas actividades . Y en consecuencia creen además que afectaría la recaudación fiscal y frenaría la creación de empleos.

Un cese de pagos significaría también que “todos los esfuerzos del Gobierno para restablecer lazos con los inversores extranjeros y para atraer inversiones para Argentina morirán”, sostuvo en tanto Daniel Kerner, de Eurasia Group.

A todo esto, el economista Matías Carugati, de la consultora Management & Fit, afirmó a la agencia AP que realizar un canje de bonos con jurisdicción neoyorquina por otros con jurisdicción argentina requeriría, para ser exitoso, de un 85% de aceptación, lo que “es muy difícil” que aprueben los bonistas que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010 de títulos en cese de pagos.

“Hay muchos fondos de inversión que por cuestiones de sus propios estatutos no pueden cambiar la legislación (bajo la que están los bonos), y tiene que estar según la ley extranjera. Aún si quisieran, muchos bonistas confían más en la legislación de otros países ante cualquier problema que en la de Argentina, que para ellos es como entrar en zona de riesgo”, añadió Carugati. El economista explicó además que de lograrse un 85% de adhesión, el restante 15% está obligado a sumarse y no puede reclamar por vía judicial.

El Gobierno anunció su intención de abrir otro canje bajo legislación local y hacerlo pagadero en Argentina tras el fallo adverso de la Corte de EE UU que obliga al país a pagar en el corto plazo y en efectivo unos 1.500 millones de dólares a fondos de inversión de alto riesgo que poseen bonos del país en default desde 2001.

Kicillof explicó que ese pago habilitaría a los bonistas que aceptaron los títulos reestructurados -un 92% del total- y a otros que no lo hicieron pero tampoco demandaron al país, a reclamar el mismo trato, con lo cual Argentina tendría que enfrentar al corto plazo una erogación equivalente a más de la mitad de las reservas (unos U$S 15 mil millones), que rondan los U$S 29.000 millones.