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Así lo ordenó la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en una nueva derivación del conflicto generado por las condiciones de acceso a la práctica final obligatoria de la carrera
En el marco de una nueva derivación del conflicto generado por las condiciones de acceso a la práctica final obligatoria de la carrera, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ordenó hoy suspender el juicio académico iniciado por el Consejo Superior contra las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP.
En una resolución firmada por unanimidad, los integrantes de la Sala I ordenaron suspender los efectos de lo decidido por el Consejo Superior en la polémica sesión del 11 de marzo del corriente año, hasta tanto la UNLP produzca un informe sobre el tema (el cual también fue requerido en la misma decisión). De la sentencia surge que la orden de suspensión se fundó en “la naturaleza y trascendencia de los derechos constitucionales en pugna”.
El expediente fue iniciado por un recurso directo promovido contra tales decisiones de la Universidad por el ex decano de la Facultad, Dr. Jorge Guillermo Martínez, y por la actual decana de dicha unidad académica, Dra. Ana Lía Errecalde. Ambos alegaron en su presentación que el procedimiento de juicio académico promovido por el Consejo Superior de la UNLP resulta nulo e inconstitucional al intervenir órganos incompetentes, constituidos para aplicar sanciones y no para juzgar sobre si efectivamente hay responsabilidades académicas, que carecen de independencia e imparcialidad.
Conforme surge del escrito judicial al cual tuvo acceso este diario tanto la Comisión Instructora como el Tribunal Universitario se constituyeron especialmente para juzgar el caso y sus integrantes fueron elegidos por la Presidencia de la Universidad en violación a la Ordenanza 260/02, lo cual fue advertido en aquella reunión del Consejo Superior del 11 de marzo de éste año. Además allí se alega que el Comisión mantiene un total secreto sobre el trámite e impide a las autoridades de Medicina acceder a los expedientes y concurrir a las audiencias.
La UNLP tiene ahora 5 días para informar al respecto, y luego la Cámara deberá resolver la medida cautelar pedida por las autoridades de la Facultad
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