Ordenan la profundización de la investigación del caso Jorge Gutiérrez

Una sala de Casación bonaerense ordenó profundizar la investigación por el asesinato del subcomisario de la Policía Bonaerense y hermano del Intendente de Quilmes, Jorge Gutiérrez, ejecutado hace 20 años en el vagón de un tren poco después de haber iniciado una investigación por irregularidades en un depósito fiscal de Avellanada, ligado a la "Aduana Paralela", un emblemático caso de corrupción derivado de las desregulaciones en el comercio exterior que se impulsaron en los años 90.

Los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky dieron la orden de continuar la pesquisa, lo que culminó con el giro del expediente a la Fiscalía 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta.

Una de las líneas de investigación apunta a encontrar al o los autores intelectuales, ya que hay un sospechoso que espera ser juzgado como el autor material del homicidio.

El fiscal Garganta esta analizando movimientos de cuentas bancarias del Banco Nación, entidad en la que diversas firmas de importación tenían cuentas abiertas. En su trabajo, el fiscal eleva informes trimestrales a Casación y a la Suprema Corte bonaerense, sobre el estado de las actuaciones.

EL CASO

Jorge Omar Gutiérrez, casado y padre de tres hijos, fue asesinado de un disparo el 29 de agosto de 1994, cuando viajaba en un tren de la ex línea Roca. Al momento del crimen, Gutiérrez, quien se desempeñaba en la comisaría 2da de Avellaneda, investigaba la presunta existencia de cargamentos de droga que ingresaban al país a través de la llamada "Aduana Paralela", en los depósitos fiscales argentinos (DEFISA).

El 23 de marzo de 1998 la policía de la provincia de Buenos Aires ascendió post mortem a comisario mayor por ser asesinado en acto de servicio.

El 23 de septiembre de 1994, fue detenido el policía de la Federal Alejandro Daniel “Chiquito” Santillán por ser considerado presunto autor del disparo que provocó la muerte de Gutiérrez. Al policía lo acompañaba Eduardo Mostajo, otro efectivo apodado “Colorado”. En 1996 Santillán fue condenado a reclusión perpetua pero la Cámara Federal de La Plata lo absolvió por dudas insalvables sobre su culpabilidad, quedando nuevamente en libertad.

Otero escribió el libro "Maten a Gutiérrez", que describe los pormenores del caso y este año realizó "G. Un crimen oficial", un documental sobre el crimen.

Gutiérrez trabajaba en la comisaría Avellaneda 2ª, que en ese entonces lindaba con un predio administrado por la firma Defisa, que lo utilizaba como depósito de los vehículos que importaba.

Producto de las privatizaciones en el control del comercio exterior que impulsó el gobierno de Carlos Menem, se crearon, a partir de 1992, cientos de empresas importadoras que funcionaban como depósitos fiscales, en el marco de lo que se denominó como la aduana paralela.

Según Otero, el Subcomisario "vio movimientos extraños" desde su lugar de trabajo; realizó algunas indagaciones y se enteró que el depósito era custodiado por efectivos de una empresa de seguridad privada al mando de un policía de la Federal.

"Gutiérrez tenía la sospecha de que en los vehículos que se guardaban en este depósito podía haber droga. Empezó a preguntar y eso selló su suerte", repasó el documentalista. De acuerdo a los testimonios comprendidos en la instrucción del caso, formulada por el juez platense Federico Guillermo Atencio, al oficial de la bonaerense lo asesinó otro policía cuando el tren en el que viajaba circulaba por el viaducto de Sarandí.

El principal sospechoso de haber efectuado el disparo es Alejandro Daniel Santillán, cabo de la Federal, quien habría estado secundado por Francisco Severo Mostajo, efectivo de la Bonaerense. Ambos uniformados, que trabajaban como policías ferroviarios, resultaron reconocidos por Alejandra Chumbita, una pasajera circunstancial y David Silva, un vendedor ambulante. Con esa información, Atencio ordenó detener a Santillán, pero nunca pudo dar con el paradero de Mostajo, que permaneció prófugo mientras se desarrolló el proceso.

"El juicio se hizo contra Santillán, que, pese a ser un simple cabo, contó con la defensa de todo el equipo legal de la Federal. Hubo amenazas a los testigos, presiones a los policías que investigaron bien y con todo eso en el medio se llegó a una absolución", contó Otero.

En 1996, la Cámara Penal de La Plata dejó en libertad a Santillán. El comisario Jorge Piazza, primer investigador de la causa, murió asesinado en febrero de 2003, en un confuso episodio que las autoridades presentaron como un simple intento de robo.

La familia de la víctima apuntó en varias ocasiones al entonces propietario de Defisa, como presunto instigador del crimen. Otro de los presuntos implicados podría ser el expolicía Carlos Gallone, jefe de la empresa que custodiaba el depósito de Defisa y que hoy se encuentra preso por delitos de lesa humanidad, en consecuencia la Justicia seguirá investigando