Empresarios se preparan para batalla judicial

EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA, HÉCTOR MÉNDEZ, QUE INTEGRA EL GRUPO DE LOS SEIS

Las entidades empresarias nucleadas en el Grupo de los Seis (G-6) ratificaron ayer su rechazo al proyecto de Ley de Abastecimiento y confirmaron su “irrevocable voluntad de recurrir a instancias judiciales”, en caso de que la iniciativa sea sancionada en el Congreso, cuyo tratamiento se inicia hoy en el Senado.

Así, lo expresaron la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de Comercio (CAC), Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado conjunto, difundido tras la reunión que mantuvieron sus directivos en la sede de la central fabril.

La Cámara de Exportadores (CERA) y la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) se sumaron al rechazo en sendos comunicados, al tiempo que los senadores Ernesto Sanz (UCR) y Luis Juez (Alianza Frente Cívico) adelantaron su voto negativo y coincidieron en que no servirá para bajar la inflación.

El proyecto será tratado hoy en el recinto del Senado, donde recibiría media sanción, para ser girado a Diputados.

El comunicado del G-6 renovó las críticas al plantear que el proyecto “establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas fijando márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución, volúmenes de producción y precios, entre otros mecanismos de intervención”, lo cual constituye “una violación de la Constitución Nacional”.

El nucleamiento también confirmó “su irrevocable voluntad de recurrir a las instancias judiciales, que es a quien corresponde garantizar la efectiva división de poderes que aparece claramente vulnerada”.

Tras la reunión de casi dos horas en la UIA, el secretario de la entidad, José Ignacio De Mendiguren, informó que se decidió “en forma inmediata la preparación judicial para el caso de que no se pueda modificar la norma” e indicó que “vamos a trabajar con el Estudio Cassagne”.

“En un momento en donde hay que seducir a la inversión, medidas como esta van en sentido contrario”, manifestó el también diputado por el Frente Renovador.

Por su parte, el presidente de la UIA, Héctor Méndez, explicó que es “unánime el rechazo” del G-6 porque el proyecto “es un retroceso enorme”.

En igual sintonía, el presidente de la CERA, Enrique Mantilla, alertó que “las inversiones, de aprobarse el proyecto de ley, serán castigadas por el aumento del riesgo político”, y pidió “recapacitar y evitar que se dé un paso negativo”.

También ADE evaluó que el proyecto “es preocupante” ya que “vulnera expresas garantías constitucionales”, y consideró que “el Estado debe limitarse” a crear “un ámbito propicio, para atraer las inversiones que permitan el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo genuinos”.