Breves

Alumna secundaria trans denuncia discriminación

Tras haber cambiado su identidad de género el año pasado y haber adquirido su nuevo DNI como mujer, una alumna de sexto año de una escuela técnica de la ciudad mendocina de San Rafael denunció ante las autoridades escolares el “bullying” y la discriminación que sufre a diario. “Hay muchos avances a nivel jurídico, pero faltan avances a nivel social”, dijo Antonella Arenas, la joven de 19 años que se convirtió en la primera alumna de una escuela secundaria en lograr su cambio de identidad. La estudiante cursa el sexto año en la Escuela Técnica de San Rafael, donde denunció ante profesores, directivos y psicopedagogos “el sufrimiento de bullying y discriminación por parte del resto del alumnado adentro y fuera del establecimiento”, desde cuando decidió cambiarse el DNI y ser mujer.

Proyecto para quitar Patria Potestad a femicidas

Un anteproyecto de ley para quitar a los femicidas condenados la patria potestad de los hijos en común con sus víctimas será presentado hoy en la Cámara de Diputados, según informó la asociación civil Casa del Encuentro, impulsora de la iniciativa. La organización propone privar de la patria potestad al “padre condenado por homicidio agravado conforme al artículo 80 inciso 11 del Código Penal -femicidio- de los hijos en común con la víctima”, ya sea en carácter de “autor, coautor, instigador o cómplice”. “La condena penal produce de pleno derecho la privación de la patria potestad”, situación que el magistrado actuante deberá comunicar a su colega de asuntos de familia “a fin que se promuevan las acciones que correspondan, debiendo respetarse el interés superior y derecho a ser oídos” de chicos y adolescentes, señala el primer artículo del texto.

Multas para bromistas que llamen al 911

Un proyecto de ley propone multas severas y hasta la interrupción del servicio telefónico a quienes llamen al servicio policial 911 para hacer bromas. El texto propone que “quien hiciere uso indebido de toques, señales u otros medios reservados por la autoridad para los llamados de alarma, vigilancia o custodia, será reprimido con multa y arresto de hasta 30 días”. La suspensión del servicio telefónico se utilizaría a criterio de un juez hasta por dos años para los reincidentes, y “la pena se aplicará al titular de la línea telefónica que provocare o intentare provocar sin causa la concurrencia de la policía o bomberos”.