Ecos bonaerenses del desembarco de Garré

Con "expectativa" -según el término escuchado en ámbitos oficiales- se observa por estas horas, desde despachos importantes del gobierno de Daniel Scioli, el desembarco de Nilda Garré en el flamante de Seguridad de la Nación y las definiciones y los cambios que esa designación resuelta por la presidenta Cristina Kirchner implicarían en las políticas que en tan delicada materia se desarrollarán a partir de ahora desde la Casa Rosada.

Ocurre que, aunque la flamante ministra aún no tomó decisiones que permitan tener certezas absolutas sobre las características que signarán su gestión, tanto algunos trascendidos sobre medidas que evalúa como el asesoramiento que ha recabado hasta ahora con varios especialistas, denotan que Garré podría manejar la Seguridad federal con criterios diferentes de los que, en líneas generales, se aplican desde el gobierno provincial.

Con origen en la izquierda peronista y alejada desde hace décadas de las estructuras y la dirigencia tradicional del PJ, Garré evalúa por estas horas cambios drásticos en la conducción de la Policía Federal, donde desde hace seis años mandaba el comisario general Néstor Valleca, y que inició anoche reemplazando a éste por el comisario Enrique Capdevila.

CONSULTAS Y GARANTISMO

Mientras tanto, desde el viernes pasado cuando la Presidenta le comunicó que se iba a hacer cargo de un ministerio de Seguridad -del que dependerán, en rigor, no sólo la Policía Federal sino también la Gendarmería y la Prefectura-, Garré ha efectuado consultas y pedido asesoramiento informal a varios juristas que militan en lo que se suele denominar como "garantismo" en materia de políticas de seguridad y justicia penal, por apoyarse en una doctrina que subraya la protección de los derechos de los sospechosos de delitos.

Según trascendidos, la ministra ha recibido en estos días aportes de ideas y proyectos del ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián, "padre" de la reforma procesal penal instaurada en la Provincia en 1998 y que ha sido definida, justamente, como "garantista", así como del "autor intelectual" de aquella reforma, el jurista Alberto Binder.

Arslanián fue, además, quien impulsó y llevó a la práctica, en 1997, la "disolución" de la Policía bonaerense y su reemplazo por varias policías en un esquema signado por la eliminación de la cúpula y de la figura del jefe de la fuerza, y al que le dio continuidad cuando volvió a ser ministro de Seguridad entre 2004 y 2007 y que se caracterizó por las "purgas" que dejaron afuera de la fuerza a miles de efectivos.

El ex jefe de la Policía Aeronáutica Marcelo Saín también habría sido consultado en estos días por Garré y las versiones indican que podría ocupar un lugar relevante en su ministerio. Y la ministra habría recibido también aportes del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), considerada una entidad "garantista".

Por lo pronto, Garré ha designado como su "segunda", en la Secretaría de Seguridad, a Cristina Caamaño, quien era fiscal -y ahora era la instructora en la causa por el asesinato del militante de izquierda Mariano Ferreyra- y está "doctrinariamente vinculada" al fiscal general Esteban Righi y a Binder.

EL ESQUEMA EN LA PROVINCIA

Por su lado, desde que asumió como gobernador en diciembre de 2007, Scioli ha dicho más de una vez en público que "rechaza" la presunta dicotomía entre "mano blanda" (el garantismo) y "mano dura". Y en la práctica, introdujo fuertes reformas sobre la Policía bonaerense que heredó de Arslanián e impulsó cambios para endurecer leyes facilitadoras de las excarcelaciones originadas en el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia que, como se dijo, habían apadrinado una década antes Arslanián y Binner.

Entre esos cambios, en lo que va de la gestión de Scioli la Bonaerense ha "recuperado" su cúpula y la figura del jefe, así como la división entre oficiales y suboficiales, y las categorías (comisarios, sargentos, etc.) que Arslanián había reemplazado por capitanes y otras denominaciones "extrañas" a la fuerza.

La reforma de la legislación penal para limitar las posibilidades de excarcelaciones de procesados y las libertades anticipadas de condenados, en medio de duras críticas del propio Scioli a medidas de ese tipo adoptadas por la Justicia en casos puntuales, en tanto, ha constituido, como se dijo, un eje central de la política de seguridad del Gobernador.

Por lo demás, algunos de los especialistas con quienes ha conversado en estos días Garré son públicos críticos de la política de seguridad del gobierno provincial y del funcionamiento de la Policía en particular. Arslanián ha cuestionado duramente los cambios que se introdujeron en la gestión Scioli sobre la Policía que él "dejó" y Saín virtió hace algunos meses severísimas acusaciones sobre presunta corrupción en la Bonaerense y posibles connivencias entre jefes de la fuerza y dirigentes políticos del peronismo provincial.

Es sobre estos escenarios que en el gobierno bonaerense existe "expectativa" sobre las políticas que desarrollará Garré y cómo se coordinarían éstas con las que se aplican en la seguridad provincial.