Reclamo desde el exterior por el caso de Marita Verón

La organización Amnistía Internacional reclamó al Estado argentino que garantice justicia en la investigación por la desaparición de Marita Verón, un caso emblemático en nuestro país por trata de personas para explotación sexual, que llegó a los tribunales luego de diez años, y cuyo juicio terminó la semana pasada en Tucumán con la absolución de los 13 imputados, lo que causó marchas de repudio en varias ciudades del país, entre ellas La Plata.

“Es fundamental que se envié una señal clara de que este tipo de actos no van a tolerarse, a través de la resolución de este caso y, de manera más amplia, por medio de políticas dirigidas a combatir la trata de mujeres en el país”, sostuvo la organización en un comunicado difundido por su representación en el país.

La justicia tucumana falló el martes en el juicio por el secuestro de María de los Ángeles Marita Verón, ocurrido en abril de 2001 en la capital de Tucumán y absolvió a todos los imputados, en un proceso donde declararon 185 testigos y que duró cerca de 10 meses.

medidas desde el Estado

“El Estado tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias para que este crimen no quede impune y para que se conozca la verdad de los hechos”, dijo la organización.

Amnistía Internacional recordó que “el Estado argentino, a través de la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Para, se comprometió a investigar con debida diligencia y a sancionar la violencia contra la mujer”.

“Esto se debe traducir en una investigación oportuna, exhaustiva, imparcial, independiente y efectiva sobre la desaparición de Marita Verón y sobre cómo operan las redes de trata en el país”, afirmó.

La organización respaldó a la madre de la víctima, Susana Trimarco (foto), y al mismo tiempo que pidió al gobierno argentino “garantizar su protección y la de todos los testigos en este proceso”.

la iglesia tambien

La Iglesia Católica, el culto mayoritario de Argentina, también expresó su preocupación por este flagelo “que tiene expresiones concretas en Tucumán (pero está) extendido en todo el país”, según dijo a un matutino porteño el presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Jorge Lozano.

El gobierno llamó a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional para habilitar la modificación de la Ley sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas aprobada en 2008, en un debate que comenzará esta semana.