Intervienen la ex Ciccone y avanzan en la expropiación

El Gobierno dispuso por decreto la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica) y envió al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de la empresa que puso en problemas al vicepresidente Amado Boudou.

La intervención estará a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, según dispuso el decreto de necesidad y urgencia 1338/12.

El Gobierno justificó la toma de control de la gráfica al considerar “primordial continuar recuperando capacidades que son competencias indelegables e insustituibles como es la acuñación de moneda de acuerdo a la Constitución Nacional”.

“Esta facultad había sido tercerizada en la década del 90 en detrimento de Sociedad del Estado Casa de la Moneda. A efecto de recuperar estas facultades, el Proyecto de Ley dispone que la totalidad de los bienes de la empresa pasen a formar parte del patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de Moneda”, se añadió en un comunicado dado a conocer por el ministerio de Economía.

En tanto, se “encarga al Tribunal de Tasaciones de la Nación la evaluación del precio actual de la empresa que será pagado con la deuda que Compañía de Valores Sudamericana S.A. registre ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.

Justamente, en la causa que se sigue por la venta de la ex Ciccone y que derivó en la investigación contra Boudou, se acusó al ente recaudador de otorgar presuntas facilidades a la imprenta para condonar dichas obligaciones por pedido del vicepresidente.

El número dos del Ejecutivo nacional es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por el juez Ariel Lijo, acusado de traficar influencias para favorecer a la compañía, que estaría conducida por allegados, cuando era ministro de Economía.

En el comunicado del Ministerio, “se les garantiza a todos los trabajadores de la empresa la continuidad laboral, transfiriéndolos a Sociedad del Estado Casa de la Moneda y conservando todos los derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que poseen en la actualidad y la vigencia de su convenio colectivo de trabajo”.

También se indicó que “el proyecto de Ley dispone informar al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 8 sobre la situación y se ha solicitado una auditoría integral a la Sindicatura General de la Nación”.

Además, precisaron que “el Estado debe mantener la soberanía monetaria y por ello es imprescindible concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad”.

“Con esta medida la capacidad de Sociedad del Estado Casa de Moneda se ve ampliada, lo que permitirá abastecer al Banco Central de la República Argentina disminuyendo su necesidad de recurrir a proveedores internacionales”, concluye el comunicado.

BOUDOU COMPROMETIDO

Y mientras el Gobierno interviene la ex imprenta Ciccone, la causa que se tramita en la Justicia acumula elementos que comprometen al vicepresidente Amado Boudou.

El juez federal Ariel Lijo investiga a Boudou por negociaciones incompatibles con su función porque supuestamente se interesó en el salvataje de Ciccone, la empresa que quedó a cargo de Alejandro Vandenbroele, acusado de ser el testaferro del vicepresidente. El juez también investiga a Boudou por enriquecimiento ilícito de él y de su socio comercial, José María Núñez Carmona (ver página 5).

Desde que estalló el escándalo, varios son los indicios que involucran al vicepresidente:

El dueño de la Ciccone es Alejandro Vandenbroele, el monotributista acusado por su esposa de ser el testaferro del vicepresidente. El magistrado aceptó ese testimonio como prueba. Sin embargo, Boudou asegura no conocerlo.

Vandenbroele habría ocupado y pagado las expensas de uno de los departamentos propiedad del vicepresidente en Puerto Madero. Boudou le habría alquilado la propiedad por $ 120.000 al año al socio del actual dueño de Ciccone, Fabián Carosso Donatiello.

En ese sentido, el juez Lijo unificó el expediente de Ciccone con el de presunto enriquecimiento ilícito de Boudou.

Además, a mediados de julio, pidió ampliar la causa a la familia del vicepresidente: busca averiguar si sus padres y su hermano fueron sus testaferros.

El hermano del vicepresidente, Juan Bautista Boudou, y su mujer hicieron cuatro viajes pagados por The Old Fund, sociedad controlante de la nueva Ciccone.

Boudou habría sido fundamental para el salvataje de Ciccone, al intervenir en la moratoria excepcional que le otorgó a la Afip, y que permitió que Vandenbroele tomara el control de la imprenta. Cuando era ministro de Economía, habría firmado una recomendación manuscrita para otorgarle facilidades a la imprenta. Según el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, recientemente imputado en la causa, aquella carta fue “determinante” en el trámite.

Dentro de los fondos que le dieron oxígeno a la ex Ciccone para su rescate figuran los 1,8 millón de pesos otorgados por la empresa London Supply. Uno de los accionistas principales es Miguel Castellano, amigo de Juan Bautista Boudou, hermano del vicepresidente. A su vez, London Supply es socia de Searen SA, la sociedad dueña del departamento del edifico Madero Center, en el que vive Boudou, según publicó un portal de un matutino porteño.

La causa en manos del juez Lijo se reactivó tras la reciente feria judicial y se esperan, según se indicó, las declaraciones de varios testigos clave como por ejemplo Carlos “Piluso” Schneider (el jubilado que aparece como apoderado del fondo de inversión holandés dueño de The Old Fund, la empresa que sacó a Ciccone de la quiebra), Eduardo Alberto Razzetti, (primer presidente de The Old Fund que cedió su lugar a Vandenbroele) y Alejandro Antonio Martí (cuya dirección es la de una empresa creada por Alejandro Vandenbroele).

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