Crece la polémica tras el avance de la reforma judicial

LA MARATÓNICA SESIÓN EN DIPUTADOS POR LA REFORMA EN LA JUSTICIA. AHORA DEFINE EL SENADO

Legisladores y dirigentes de la oposición renovaron ayer sus críticas a la reforma judicial impulsada por el Gobierno que se encuentra en el Congreso aunque ya el Ejecutivo cuenta con la aprobación de proyectos clave.

En esa línea, el economista Roberto Lavagna dijo que “toda la reforma es negativa” y destacó que permitirá a la jefa de Estado “designar jueces sin concursos en estas cámaras de casación que acaban de crearse, lo cual hace aún más grave la reforma que se ha aprobado”.

“Toda la reforma es negativa, pero dentro de esa negatividad se agrega un elemento más”, expresó el economista y sostuvo que “la presidenta en lugar de tener que esperar los concursos como corresponde, las pruebas de actitud, que implican los concursos, va a poder designar lo que se llama jueces subrogantes, jueces provisorios, a dedo, lo cual hace esta reforma todavía más grave”.

A LA CORTE

También el diputado nacional del Peronismo Federal Eduardo Amadeo aseguró que con la reforma judicial la Presidenta “quiere asegurarse la impunidad para Lázaro Báez, Amado Boudou, Ricardo Jaime y todos los amigos de ella” y anunció que ni bien se apruebe en el Congreso concurrirá “a la Corte Suprema para que la declare inconstitucional”.

Respecto de la elección de los magistrados expresó que el impacto más importante será que “los jueces de la Argentina van a ser nombrados por la política” y explicó que “hasta ahora los jueces eran nombrados porque eran abogados, personas respetables”.

El diputado Alberto Asseff, del bloque del Frente Peronista Federal, consideró “inconstitucional” la reforma pero advirtió que “si por las presiones y tretas del gobierno, el 11 de agosto, en las primarias, debemos votar para elegir candidatos al Consejo de la Magistratura toda la oposición deberá unirse y presentar una lista única”.

TAMBIEN LA RURAL

A las críticas políticas, se sumó ayer el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, afirmó que el paquete de proyectos de reforma judicial representa “un gravísimo retroceso institucional” porque “lesiona” la división de poderes.

La reforma implica para el ruralista “una gravísima incertidumbre y un gravísimo retroceso institucional, acá más que el tema de las leyes, llama la atención el como sería esto”. Etchevehere se preguntó: “¿Va a haber jueces haciendo campaña o integrantes del Consejo de la Magistratura diciendo que van a defender determinados ideales para que sean electos?”.

Finalmente, el diputado nacional de la UCR Oscar Aguad apoyó a la Corte Suprema de Justicia al manifestar que dio muestras de “mucha honorabilidad intelectual y política” y afirmó que “defendió lo único que podía defender, el tema de los recursos”.

El legislador aludió así a las declaraciones de su colega de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien denunció que la presidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, “pactaron cajas”, en marco del tratamiento de la reforma judicial en el Congreso.

FRAGMENTACION POLITICA

Por otra parte, el requisito que impone la ley de reforma del Consejo de la Magistratura de que para presentar candidatos a consejeros los frentes electorales deberán armarse como tales y tener un mismo nombre en al menos 18 de los 24 distritos, es visto por dirigentes de espacios no kirchneristas como una “maniobra para profundizar la fragmentación de la oposición y dificultar su organización”.

Este proyecto de ley, uno de los seis que conforman el paquete de reforma judicial impulsado por la Casa Rosada, establece que la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura -el órgano encargado de seleccionar y nombrar jueces- pasará de 13 a 19 y, además, que estos pasarán a ser elegidos por el voto popular directo, cada cuatro años, en elecciones nacionales.

La iniciativa, además, incluye el requisito de que el partido o frente electoral que quiera postular candidatos a consejeros deberá tener el mismo nombre para la elección de diputados nacionales en al menos 18 de los 24 distritos del país y sólo en los seis restantes la misma lista podrá adherirse a partidos con otra denominación.

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