Tributos pensados para la equidad social

Por SILVINA BATAKIS (*)

En estos tiempos de declaraciones acaloradas para ganar participación en los medios es necesario poner blanco sobre negro para mostrar que gestionar es lograr paso a paso los objetivos planteados acordes al modelo económico que venimos construyendo desde 2003.

No hay dudas de que la responsabilidad de ser la provincia que motoriza casi 40% de las variables económicas del país implica el gran desafío de apuntalar las bondades del crecimiento logrado, pero con la solidaridad que el desarrollo federal requiere.

En tal sentido, la inclusión social necesita de un gran esfuerzo desde las provincias al concentrar sus erogaciones en asegurar los servicios esenciales de salud, educación y seguridad, con un fuerte componente de recursos humanos cuyos salarios forman, además, parte primordial de la demanda interna que requiere el país para lograr aminorar los efectos de los vaivenes de la economía global.

Pero no basta sólo con asegurar estos bienes sociales, sino que desde el Estado fue y es necesario plantear un pacto social, en el que aquellos con mayores posibilidades hagan aportes proporcionalmente mayores a este crecimiento de las prestaciones públicas.

Es entonces cuando se hace necesario dejar en claro, en los hechos, y con las evidencias de la gestión, que durante el gobierno de Daniel Scioli siempre se tuvo en claro que la política tributaria marcaría estas convicciones.

Sobre esta base cada reforma tributaria fue diseñada e implementada con fuerte énfasis en incrementar los impuestos sobre los patrimonios de más alto valor, a la vez que gravar sectores específicos de alta rentabilidad.

Durante el 2008 se eliminaron exenciones en el Impuesto a los Ingresos Brutos a las grandes empresas del sector agropecuario e industrial, que habían recuperado rentabilidad en el nuevo modelo, y se mantuvieron los beneficios impositivos en más del 97% de los contribuyentes pymes. De esta forma se disminuyó la posibilidad de que la medida afecte a los consumidores.

Era necesario pedir el aporte de quienes habían recuperado la rentabilidad con este modelo, y aquellos que volvían a aprovechar la productividad de la tierra más rica del país.

Así, de las provincias con importancia agrícola, la de Buenos Aires es la única que desde entonces grava a las empresas agropecuarias, porque estamos convencidos de que de esa renta se debe volcar recursos al resto de los recursos productivos a través de la educación, salud, seguridad.

Ya en el año 2010 (y recientemente aplicado en Entre Ríos con exactamente igual diseño) introdujimos el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, sobre el que es ampliamente reconocida su capacidad para lograr progresividad y equidad intergeneracional, con una clara dirección hacia la igualdad de oportunidades. Recae sobre el 13% de los hogares más ricos de la provincia de Buenos Aires y su recaudación también está destinada a la igualdad de oportunidades, al asignarse en un 80% a la educación. Este impuesto había sido derogado en 1976, y con efecto retroactivo sólo para las herencias, lo que prácticamente le ponía apellido compuesto a algo nunca visto en materia tributaria.

“Fue y es necesario plantear un pacto social en el que aquellos con mayores posibilidades hagan aportes proporcionalmente mayores”

En 2012, luego de más de 50 años, se aprobó la aplicación de una iniciativa histórica que fue el revalúo integral de la tierra rural. Esta medida consiguió revelar el verdadero valor y riqueza del campo bonaerense e igualó la carga tributaria sobre los patrimonios, aportando al conjunto de la nación $300 millones por el Impuesto sobre los Bienes Personales. El diseño de este tributo permitió otorgar progresividad y equidad en la carga tributaria logrando que el incremento de la recaudación recayera sólo sobre el 40% de las partidas de mayor valor.

A la vez, se hizo valer la necesidad del aporte a la contribución de una sociedad más justa a sectores que históricamente han sido concentradores de renta, incrementándoles las alícuotas a empresas telefónicas y entidades financieras, recuperando también la gravabilidad sobre la televisión por cable (que no pagaba impuestos desde 1999).

En el 2013 se realizó el revalúo de tierras en barrios cerrados, y se gravaron a los pooles de siembra como su arrendamiento de forma diferencial. De esta forma se modificó la base imponible del Impuesto Inmobiliario, para que la subdivisión del patrimonio en varias unidades no fuera el motivo para pagar menos impuestos por parte del mismo contribuyente. Esta equiparación recayó sobre el 10% de la población con mayor riqueza urbana y el 8% más concentrado de los rurales.

Igual de importante fue la decisión de introducir exenciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano a las viviendas de menor valor desde el inicio de la gestión, para disminuir la carga sobre un sector poblacional que venía de a poco recuperando capacidad contributiva y que el modelo ubicó como centro de sus políticas de inclusión para motorizar el consumo interno.

Con un gran aporte de los bonaerenses, que contribuyeron con sus esfuerzos cotidianos para afrontar este modelo para todos, logramos, no sin conflicto, mantener las prestaciones para los que más los necesitan, a la vez que aportar al sostenimiento del modelo y de la redistribución de la riqueza. Estamos en condiciones de decir que aún nos falta muchísimo, pero podemos decirlo con las convicciones de que estamos en el camino correcto que nos han marcado desde las amplias mayorías de las urnas.

Porque mejor que decir es hacer, y porque para decir es mejor entender y saber, los hechos tributarios de la provincia de Buenos Aires dicen mucho.

(*) Ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires