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En tanto, el titular de la AFSCA entregó documentación a un fiscal para que decida “si hay algo que investigar”
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó ayer su “preocupación” por lo que llamó “una nueva ofensiva legal del gobierno argentino contra el Grupo Clarín”, a quien la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) acaba de obligar a que “desmantele sus medios de comunicación según el criterio del Estado”.
Al respecto, el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo fue el vocero de la entidad que reúne a más de 1.300 publicaciones en el continente americano y manifestó que el anuncio de la adecuación de Oficio fue “propaganda” y propio de una campaña “discriminatoria”.
Según Paolillo, la forma en que se hizo saber cómo debe cumplirse con la Ley, “se pareció más a un acto de propaganda, en los que el Gobierno argumenta legalidad, pero en los que siempre muestra una actitud arrogante, propia de campañas discriminatorias y de represalias habituales contra la prensa independiente y, particularmente, contra Clarín”.
El periodista, director de semanario “Búsqueda” de Uruguay, recordó que la SIP “ha insistido en los argumentos de la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de que la Ley se aplique sin discriminaciones y a través de órganos estatales técnicos e independientes al poder político”, transcribió la SIP a través de un comunicado.
“Estas son garantías básicas para respetar la libertad de prensa”, planteó Paolillo.
El comunicado recordó que el miércoles, el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella anunció que el Estado rechazaba el plan de adecuación del Grupo Clarín y “que actuará de oficio en su desmantelamiento, tras denunciar que la empresa pretende mantener su ‘posición dominante’, tratando de ‘burlar’ la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
También refirió que el año pasado, después de que la Corte fundamentó la constitucionalidad de la Ley, Clarín “presentó un plan de división fragmentando su patrimonio mediático en seis empresas diferentes, lo que fue aceptado entonces por el Gobierno”.
entregan documentación
En tanto, Sabbatella le entregó ayer documentación del Grupo Clarín al fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, a quien le solicitó que “decida si hay algo que investigar” en relación a si hubo algún delito al plantear la adecuación a la Ley de Medios.
Ahora, Gonella -quien depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó- estudiará la documentación que hizo pública el propio Sabbatella el pasado miércoles, cuando antes de una reunión de Directorio anunció que habían detectado “maniobras” por parte de los accionistas de Clarín, lo que derivó en la Adecuación de Oficio del Grupo.
“Le presentamos la documentación al fiscal Gonella, como se la vamos a presentar al titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) José Sbatella, a la AFIP y a la Comisión Nacional de Valores (CNV). No nos corresponde a nosotros decidir, pero le entregamos los documentos para que decidan si hay algo que investigar”, afirmó Sabatella al salir del edificio de la Procuración en la calle Viamonte al 1100 de capital federal.
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