Entre tironeos, sigue postergada la ley que obliga a colocar “posnet”

LA LEY QUE OBLIGA A LOS NEGOCIOS A TENER POSNET SIGUE TRABADA EN LA LEGISLATURA

En medio de resistencias de un sector de la oposición y de algunas entidades que agrupan a comerciantes, el proyecto de ley que obliga a los negocios de la Provincia a instalar terminales de pago electrónico, o “posnet”, que apunta entre otros aspectos a combatir la evasión impositiva y a aumentar la seguridad en las transacciones comerciales sigue sin tratamiento en la Legislatura bonaerense, una situación que genera especulaciones.

La iniciativa, que viene de un largo peregrinaje por las cámaras, iba a ser incluida en el temario de la sesión que se realizó el jueves pasado en la Cámara de Diputados. Así lo habían adelantado a este diario fuentes del oficialismo, que se mostraron confiadas en que la iniciativa impulsada por el senador platense del Frente para la Victoria Gustavo Oliva tenga sanción final. Pero, finalmente, su tratamiento se “cayó”, tal como había sucedido en las últimas tres sesiones del cuerpo.

Eso, en medio de la abierta resistencia de un sector de la oposición, como el bloque del Frente Renovador de Sergio Massa, desde donde aseguran que no acompañarán la iniciativa si no se le vuelven a aplicar modificaciones a su redacción para elevar el monto mínimo de facturación a partir del cual los comercios estarán obligados a contar con este sistema de pago con tarjetas de débito.

Hoy, sólo el 15 por ciento de los negocios en la Provincia cuenta con terminales de posnet para cobrar con tarjeta de débito o crédito. Si se sanciona la ley, la enorme mayoría de los comercios bonaerenses deberán contar con el sistema de pago electrónico.

Para graficarlo, se estima que en la actualidad hay unos 400 mil comercios adheridos en todo el país y, de ponerse en marcha el proyecto, se deberían sumar una cantidad similar sólo en la Provincia.

Para definir la estrategia legislativa con la que encararían su tratamiento, diputados del oficialismo abordaron el tema en una reunión con el Jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, según pudo saber EL DÍA.

Es que en el gobierno provincial hay especial interés en que el proyecto se sancione antes de fin de año. Para eso, además, técnicos de la Agencia de Recaudación (Arba) y el Banco Provincia trabajan en iniciativas para facilitar el acceso a los elementos técnicos necesarios para contar con el sistema de pago electrónico.

IMPULSO OFICIAL

El propio gobernador Daniel Scioli había pedido en marzo pasado a las cámaras, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, que avance en la sanción del proyecto que viene dando vueltas por Diputados y el Senado desde hace unos dos años.

Con todo, el proyecto volvió a quedar postergado y no se sabe si llegará al recinto antes de que finalice el período legislativo 2014.

Aunque el proyecto fue presentado con el objetivo de facilitar las compras de los usuarios, el Gobierno bonaerense le dio impulso con un objetivo de recaudación: es que, según los cálculos de Arba, en promedio un comercio que no cuenta con el sistema de pago electrónico factura el triple de lo que declara por Ingresos Brutos, el tributo de mayor volumen para el fisco.

La iniciativa impulsada por Oliva fue aprobada por unanimidad primero en el Senado y girada a Diputados.

Pero en la Cámara baja se le introdujeron modificaciones para eximir de la obligación a prestadores de servicios y aumentar el piso mínimo de facturación, establecido originalmente en unos 78 mil pesos anuales, a partir del cual es obligatorio contar con terminales, con el objetivo de dejar fuera de la disposición a los comercios más chicos.

POLEMICA

El eje de la polémica en Diputados radica en dos aspectos: el alcance a monotributistas que facturan en promedio más de 11 mil pesos mensuales y hoy están sujetos a la obligación; y la incorporación de los servicios profesionales al sistema.

Con el rechazo de federaciones de comercio y colegios profesionales (que también serían obligados a contar con el servicio) y la resistencia del massismo y otras bancadas, el oficialismo evaluó incluso presentar una nueva iniciativa que eleve el piso de facturación a 200 mil pesos anuales, lo que dejaría afuera a otro 5 por ciento de los monotributistas.

Pero ahora, se informó, se insistirá con la redacción original mientras en el Ejecutivo se trabaja para contrarrestar las objeciones de la oposición. En ese sentido, trascendió que se buscará un acuerdo con las empresas que proveen los dispositivos electrónicos a los comercios para bajar los costos.

Ante esa avanzada del oficialismo, desde el Frente Renovador reiteraron su rechazo al proyecto que, dice, “si avanza con su redacción original significa una suerte de castigo a los pequeños comercios que no pueden afrontar los gastos de instalar este tipo de sistemas de cobro”.

Así lo afirmó el diputado massista Rubén Eslaiman, presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor, que el año pasado trabajó en las modificaciones al proyecto.

En ese marco, Eslaiman adelantó a este diario que “si la ley viene como vino del Senado, desde el Frente Renovador no la vamos a acompañar”.