Crece la pelea por tasa vial en la Provincia

EL COBRO DE UNA TASA EN LA CARGA DE COMBUSTIBLE EN ALGUNOS MUNICIPIOS VUELVE A SER POLÉMICA

Doce municipios del interior y el Conurbano bonaerense y el gobierno de Daniel Scioli se enfrentan por estas horas en una pelea que amenaza tener derivaciones judiciales y que puso en el centro de debate público la posible violación de las autonomías comunales. El eje del conflicto: el cobro de una tasa a la carga de combustibles que aplican esos distritos para financiar arreglo de calles y rutas y que ahora el Ejecutivo provincial quiere prohibir expresamente a través de un artículo en el Presupuesto 2015.

La pulseada, que se agudizó en las últimas horas, tiene un fuerte condimento político. Es que las doce comunas que decidieron comenzar a aplicar esa tasa están gobernados, todos, por la oposición: once de ellos por el intendentes enrolados en el Frente Renovador de Sergio Massa y el restante del PRO de Mauricio Macri. Si bien desde la administración Scioli encuadran el debate en un contexto técnico y jurídico, muchos de esos jefes comunales aseguran que la decisión de avanzar con una prohibición a esa tasa está directamente vinculado con el enfrentamiento político entre el Gobernador y Massa.

La controversia no es nueva. En rigor, desde el año 2012, cuando tres comunas del Conurbano comenzaron a cobrar por primera vez este adicional surgieron reclamos y quejas de distintos sectores, como los propietarios independientes de estaciones de servicio que aseguran que se ven perjudicados ya que los clientes optan por cargar combustibles en otros distritos sin este adicional.

Pero en los últimos días la polémica se aceleró a partir de la avanzada del gobierno provincial de prohibir el mecanismo. La ministra de Economía, Silvina Batakis, fue la encargada de anunciar la decisión de activar un mecanismo en ese sentido. Primero, se pensó en insistir con el recurso presentado ante el Consejo Federal de Impuestos para que ese organismo frenara el cobro. Pero, finalmente, el miércoles pasado se anunció que se modificará el texto del proyecto de Presupuesto 2015 enviado a la Legislatura para prohibir expresamente ese cobro con el argumento de que es “ilegal”.

RECLAMOS

La tasa va de 10 a 40 centavos por litro de nafta o gasoil o metro cúbico de GNC, aunque en algunos distritos no representa un monto fijo sino un porcentaje del precio final del combustible. La iniciativa apuntaba a obtener recaudación para crear un fondo con el que los intendentes podrían financian obras viales como pavimentación de caminos y reparación de calles, aunque hoy, reconocen algunos jefes comunales fuera de micrófono, se utiliza para otros gastos. Todo eso en un panorama de fuertes reclamos de un grupo de comunas opositoras por el dinero que gira el gobierno provincial para obras a sus distritos.

Los primeros municipios en aplicarlos fueron San Fernando, San Miguel y Vicente López. Luego se sumaron Pilar, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Olavarría, Merlo, San Isidro, San Martín, Junín y Tigre.

Pero hay un dato que hoy, en medio de la polémica, pocos recuerdan. Antes de que los municipios avanzaran con este cobro fue el propio gobierno provincial quien analizó comenzar a cobrar un plus a la carga de combustible para crear un fondo de afectación específica para la reparación de rutas y caminos bonaerenses. Pero, finalmente, la Casa Rosada a través del entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y Julio De Vido, titular de Infraestructura, le bajó el pulgar con el argumento de que representaba una “inconstitucionalidad manifiesta”.

A poco de que la tasa comience a cobrarse en las estaciones de servicio surgieron reparos de varios especialistas que aseguraron que la tasa sería impugnada judicialmente, porque viola la ley de Coparticipación (ya existe un gravamen similar a nivel nacional), el decreto ley 505/58 y la ley 23.966, que prohíbe a las provincias y municipios establecer impuestos sobre los combustibles líquidos, además del Pacto Federal para el Empleo y el Crecimiento.

Con todo, la aplicación de la tasa comenzó a replicarse en cada vez más comunas que veían en ese tributo una fuente de financiamiento para solucionar los problemas de caja, especialmente en lo que tiene que ver con las partidas para mantenimiento vial. Ante una consulta de este diario, varios de los intendentes coincidieron en que lo recaudado equivale aproximadamente a un 2 por ciento del total de sus presupuestos.

Por eso, a poco de que la Provincia anunciara días atrás la decisión de avanzar con la prohibición comenzaron a surgir reclamos de parte de intendentes y de legisladores enrolados en el Frente Renovador massista.

Uno de los críticos con la decisión de la administración bonaerense fue el intendente de San Miguel, Joaquín De La Torre, quien consideró que “si la Provincia pagara lo que tienen que pagar, nosotros no tendríamos necesidad de cobrar este tipo de tasas”. El jefe comunal sostuvo que “con esa plata cubrimos parte de los gastos que la Provincia debería asumir y no lo hace, por ejemplo, arreglar las rutas provinciales que pasan por nuestro distrito y que la Provincia no arregla y, que al parecer, creen que nosotros podríamos arreglar sin plata”.

En esa línea, legisladores de ese espacio político denunciaron que el gobierno de Scioli a través de su ministerio de Economía “retiene indebidamente” el dinero que le corresponde a los municipios por el impuesto sobre los ingresos brutos descentralizados. Y advirtieron que “los municipios de la provincia de Buenos Aires reciben una suma inferior a lo que deberían por Ley recibir” y que la denuncia fue respondida desde la cartera de economía “con remisiones a considerandos sin sustento legal y técnico”.

DEBATE POLITICO

En medio de esa reacción, los intendentes que defienden la aplicación en sus distritos de la Tasa Vial salieron a denunciar una “intencionalidad política” en la decisión del Ejecutivo. Uno de ellos es José Eseverri, jefe comunal de Olavarría, donde el plus comenzó a cobrarse a principios de año, quien viene denunciando que la prohibición que planea incorporar la administración Scioli en el Presupuesto “viola las autonomías municipales”.

En Olavarría, a diferencias de otros distritos, la tasa no tiene un valor fijo sino que representa un porcentaje del precio final del litro de combustible, lo que significa que está atada a los aumentos. No es un dato menor, teniendo en cuenta que este año el precio de la nafta y el gasoil ha subido un 60%, según afirma Eseverri.

“No hay recursos para eso y creemos que es justo que los trabajos los financien los que transitan por la ciudad, los circulan con sus vehículos”, destaca Eseverri a EL DÍA.

El jefe comunal massista considera que Scioli “tiene una visión en contra de la autonomía de los municipios porque apunta a frenar una disposición comunal con una ley provincial” y destaca que “en el fondo de esto hay una cuestión netamente política”. “Es un disparate jurídico”, denuncia.

Otro fuerte crítico de la medida es el intendente de Junín, Mario Meoni, quien salió a calificar la decisión de Scioli de “absurda y ridícula”, además de denunciar que “viola la autonomía de los municipios”.

Plantado en pie de guerra, el intendente massista afirma que en su distrito van a “sostener” el cobro pase lo que pase. Y adelantó que en caso de que la iniciativa del gobierno bonaerense prospere “vamos a accionar judicialmente porque creemos que es una violación a la autonomía de los municipios”.

Meoni es otro de los que ve intencionalidad política en la movida. “En realidad es solamente una acción de distracción para no discutir el fondo de la cuestión que es en cuánto va a impactar el aumento en cada uno de los municipios y habitantes de la provincia de Buenos Aires”, afirma.