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La polémica por la firma de títulos a estudiantes de Medicina -en el marco de una controversia sobre las exigencias para la graduación- derivó ayer en una inédita ofensiva del consejo superior contra las autoridades de esa facultad. Votaron el inicio de un juicio académico contra el decano y una exhortación del rector para que lo denuncie ante la Justicia penal
La crisis que atraviesa a la facultad de Medicina se profundizó a punto tal que, en la víspera, derivó en dos hechos sin precedentes en la Universidad platense. Ante la negativa del decano de la unidad académica, Jorge Martínez, a firmar los títulos de un grupo de alumnos que se graduó a fines del año pasado -aduciendo que lo hizo bajo aval judicial- y a no iniciar los trámites de certificación de títulos de otros estudiantes, el consejo superior de la UNLP aprobó por 60 votos contra 2 iniciar juicio académico a la máxima autoridad de la casa de estudios de 60 y 120. Además, por 59 votos contra 3, exhortó al rector Fernando Tauber a presentar una denuncia penal contra el decano. Ambas resoluciones también alcanzan a “todos los responsables de haber generado esas irregularidades”.
Antes de votar sendas disposiciones, el máximo órgano de cogobierno de la Universidad dio el visto bueno a otra resolución, la N° 97, que establece que frente a “la imposibilidad de expedición de diplomas en forma conjunta con las autoridades de la facultad, los mismos podrán expedirse por el presidente (Tauber) y el vicepresidente Académico (Armando De Giusti) y/o la secretaria Académica (Mercedes Medina)”. Por tanto, los flamantes graduados a quienes Martínez se negó a firmarles los títulos, en breve los tendrán oficializados vía Rectorado.
En cuanto al juicio académico, los únicos que votaron en contra fueron el decano de Económicas, Martín López Armengol, y el consejero profesor de esa facultad, Luis Scuriatti. El resto de decanos, profesores, graduados y alumnos se expresó a favor de “autorizar al presidente de la UNLP a conformar el tribunal universitario” encargado se sustanciar el enjuiciamiento, que, por estatuto, debe ser presidido por el guardasellos y conformado por 4 profesores eméritos de la Universidad. No obstante, en ese punto se presentó un dilema. Como la ordenanza que regula ese tipo de juicios indica que los integrantes de la comisión instructora -encargada de recolectar las pruebas y declaraciones, entre otras acciones- deben ser nombrados por el consejo directivo de la facultad, y en este caso los consejeros son “parte acusada”, el superior autorizó al tribunal universitario a designar a dicha comisión.
Tras la votación, en los pasillos del Rectorado los comentarios estuvieron a la orden del día, teniendo en cuenta el carácter inédito de la situación. Algunos funcionarios recordaron que “tras la normalización de 1984 se dieron casos con docentes que, por ejemplo, habían accedido a sus cargos sin concurso”. Y mencionaron que “los juicios académicos siempre acarrean sanciones; la máxima es la expulsión”, apuntaron.
En tanto, con el voto negativo de López Armengol, de Scuriatti y de una consejera de Ciencias Naturales, y el voto a favor de los restantes 59 integrantes del consejo superior, se exhortó al rector Fernando Tauber a realizar una denuncia penal “contra Martínez y demás responsables del conflicto por incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En rigor, ese punto fue prácticamente una formalidad, pues Tauber ya tenía decidido realizar la presentación ante la Justicia. Pero ahora lo hará con el aval del consejo superior.
RECHAZARON LA INTERVENCION
El decano Jorge Martínez no asistió a la sesión. Tampoco estuvieron presentes los consejeros de los claustros de profesores y graduados. Sólo participó, en representación de Medicina, el representante estudiantil, Ignacio Alberdi. En ese marco, durante el maratónico debate sobre la crisis que se vive en la unidad académica del Bosque, la posible intervención ocupó gran parte de la ardua y extensa reunión.
Si bien la posibilidad se desechó casi desde un comienzo, fundamentalmente a raíz de la postura de los propios alumnos de Medicina que aseguraron que sería una medida “contraproducente para el conjunto del estudiantado”, la moción fue puesta a consideración ante el pedido de los consejeros estudiantiles de la Jup (juventud universitaria peronista), de la Juventud Guevarista y de Quebracho. Fue rechazada por 47 votos contra 14.
El grueso de los estudiantes, liderados por la cúpula de la Fulp que integran el Frente Darío Santillán, el PCR (conducción en Medicina) y Libres del Sur, sufragaron en contra. Luego, el mismo grupo que abogó por una intervención presentó otra moción, consistente en que el consejo superior conforme una comisión ad-hoc interclaustros “para debatir y estudiar los alcances de una eventual intervención”. Esa propuesta se aprobó con 39 votos a favor y 22 en contra.
Vale destacar que ayer la voz cantante la llevaron los estudiantes. Entre los decanos que hablaron, el de Humanidades, Anibal Viguera, calificó como “inédito y vergonzoso para la Universidad el accionar de las autoridades de Medicina”, mientras que su par de Derecho, Hernán Gómez, dijo que “no es igual el que cumple que el que no cumple; están dadas las circunstancias para un juicio académico”.
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