Inseguridad: entre el drama social y el fracaso político

EL GOBERNADOR DANIEL SCIOLI PARTICIPÓ JUNTO AL JEFE DE LA POLICÍA, HUGO MATZKIN Y OTRAS AUTORIDADES, DEL ACTO DE ASIGNACIÓN DE 210 NUEVOS OFICIALES DE LA POLICÍA AL DISTRITO EN LA ESCUELA DESCENTRALIZADA JUAN VUCETICH

Por MARIANO SPEZZAPRIA

Twitter: @mnspezzapria

“Nos están cagando a tiros”. Así de cruda fue la descripción que hizo un intendente del Gran Buenos Aires frente a los gravísimos hechos de violencia e inseguridad que se registran a diario en ese entramado urbano donde se concentra nada menos que el 25% de la población del país. La definición resulta más descarnada aún si se tiene en cuenta que no salió de la boca de un jefe comunal opositor, sino de uno que sigue enrolado políticamente en las filas del oficialismo.

Los intendentes son los primeros en recibir las demandas de la sociedad. En muchos casos, las sufren en carne propia, porque son duramente cuestionados por los vecinos de sus distritos pero la solución de los problemas no depende enteramente de ellos. Entonces marcan en el teléfono celular el número del ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, a quien siguen considerando un colega, para pedirle que envíe refuerzos policiales ante la palpable retirada de la Gendarmería.

DIEZ GENDARMES Y UNA CAMIONETA

Granados peleó hasta donde pudo la continuidad de “los verdes” en territorio bonaerense y hasta tuvo un cruce subido de tono con el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, en la reunión en la que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, le comunicó al gobernador Daniel Scioli que al menos la mitad de los efectivos desplegados debían retomar a sus puestos de frontera. Así se alumbró un acuerdo de mínima: dejar 10 gendarmes y una camioneta por cada localidad que tenga un distrito.

A la luz de los acontecimientos -seis personas fueron asesinadas en sólo 36 horas en asaltos y tiroteos en el GBA- esa dotación no alcanza. Aunque intendentes consultados por este columnista afirmaron que la presencia de la Gendarmería tiene un efecto más tranquilizador en la población, que efectivo sobre el accionar de la delincuencia. Influye, por cierto, el desprestigio de la Policía bonaerense, que en muchos casos es vista como parte del problema antes que de la solución.

Otro elemento es central para entender lo que sucede en el Conurbano: la radicación de bandas de narcotraficantes que usan a chicos adolescentes como su fuerza de choque. De allí que tanto las fuerzas de seguridad como las autoridades municipales hablen casi naturalmente del “factor químico” que altera a los jóvenes y los lleva a cometer actos delirantes, que terminan en muertes absurdas como la de un ferretero en Lanús o de un practicante de colectivero en Villa Celina.

En medio de esta situación, sigue estancado el debate sobre la creación de las Policías comunales. La Provincia ya se comprometió a pagar los salarios y las cargas sociales de los efectivos. También, por exigencia de los intendentes, a facilitar logística e infraestructura para la gestación de las nuevas fuerzas, aunque sólo para el gasto inicial. Surgen en ese punto las dudas sobre el armado de cuerpos policiales “de primera y de segunda”, de acuerdo a los recursos con que cuente cada municipio.

Las dudas se acrecientan en la Casa Rosada, donde no son partidarios de ceder más poder ante los intendentes del Conurbano bonaerense. Aunque el kirchnerismo duro no parece en condiciones de tirar de la cuerda porque le terminaría dando a más de un alcalde el argumento para migrar hacia el massismo, que hace de la seguridad una bandera central de su camino hacia el poder, como lo demuestra la rotunda campaña iniciada contra las modificaciones propuestas al Código Penal.

De esa manera, Sergio Massa volvió a instalarse en el centro de la escena política, mientras que en su entorno admiten que la causa contra la reforma penal produjo un efecto aglutinante en el Frente Renovador, que le permite a su líder mitigar por el momento las disputas internas que se abrieron en los distritos y también por las candidaturas clave del espacio, como la de gobernador bonaerense. Por eso, como informó EL DIA, redobla la apuesta con la convocatoria a una consulta popular.

RECOLECCION DE FIRMAS

Para ello, el bloque de diputados nacionales del FR presentará un proyecto en los próximos días, mientras avanza la recolección de cinco millones de firmas contra el nuevo texto del Código redactado por una comisión encabezada por el juez Raúl Eugenio Zaffaroni. Mediante esa presión popular y mediática, Massa pretende quebrar la lógica de la mayoría “automática” aplicada por el kirchnerismo en el Congreso, para sacar a la oposición de la frustrante impotencia numérica.

Mientras lamentan no haber tomado la iniciativa antes que el massismo, otras fuerzas de oposición podrían recurrir al mecanismo de la consulta popular para avanzar con proyectos que no logran aprobar por la vía parlamentaria. Por caso, el PRO de Mauricio Macri iniciaría su propia campaña de recolección de firmas para preguntarle a los porteños su opinión sobre los trapitos, limpiavidrios y las protestas callejeras con manifestantes que porten palos y lleven sus rostros cubiertos.

Una llamativa coincidencia entre Macri y la presidenta Cristina Kirchner -que recientemente propuso limitar los cortes de calles y rutas- tiene lugar en este escenario y provoca cierto ruido político en el oficialismo, donde conviven sectores que piden cercenar el derecho de protesta de grupos opositores -hablan de la “izquierda loca” y de los “patrones del campo”- con otros que reivindican esa metodología como una forma de hacer escuchar las demandas de la sociedad.

OTRO ESCENARIO

Alejada de esta realidad estará en los próximos días la jefa de Estado, que mañana será recibida por el Papa Francisco en la residencia vaticana de Santa Marta. Cristina Kirchner viene manteniendo un diálogo fluido con el jefe de la Iglesia católica, a quien muchos ya consideran como un sostén espiritual para la mandataria y atribuyen a sus discretas gestiones el hecho de que se haya dejado de especular con una salida anticipada del kirchnerismo por la fragilidad del modelo económico.

Antes del viaje presidencial, el Papa envió al país a su secretario de Estado, Guzmán Carriquiry Lecour, un influyente laico uruguayo que estuvo acompañado en diversas actividades -como una que se realizó ayer en la Universidad Católica Argentina (UCA)- por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, tal vez el dirigente oficialista con mejor llegada a la cúpula eclesiástica. Esos vasos comunicantes ya no son ocultados por casi nadie en el kirchnerismo.

UNA MARCA PROFUNDA

Una vez superado el impacto inicial, el primer año del pontificado de Francisco dejó para la política argentina una marca profunda, porque con su prédica de concordia y diálogo resquebrajó el sistema de confrontación permanente que propuso el oficialismo como una forma de gobierno desde que la Presidenta asumió su primer mandato en 2007. Ese quiebre se percibió nítidamente en las últimas elecciones, que iniciaron el proceso de transición hacia el recambio del año próximo.

De tal modo que, en los despachos oficiales se habla de posibles candidaturas sin la paranoia que se extendía hace tan solo unos meses, cuando los funcionarios sospechaban que los estaban escuchando los servicios de inteligencia. Así, Scioli y su colega entrerriano Sergio Urribarri se lanzaron abiertamente a la carrera presidencial, mientras que en la Casa Rosada quieren seguirle los pasos Florencio Randazzo y Capitanich. Más realista parece el ministro del Interior y Transporte.

Randazzo acaba de avisar tanto a Scioli como a Massa que no lo cuenten como posible candidato a gobernador bajo el paraguas de sus proyectos presidenciales, como lo refleja este diario en la edición de hoy. Habrá que ver si mantiene la palabra, pero mientras tanto sus asesores organizan un lanzamiento para después del Mundial de Brasil. Cerca de su oficina, el clima no era el mejor: en la Secretaría Legal y Técnica enmudecieron frente a las revelaciones del juez Norberto Oyarbide.

El polémico magistrado confirmó que el segundo de Carlos Zannini lo llamó para advertirle que en el allanamiento a una financiera un grupo de policías había pedido coimas en su nombre. Y entonces surgió una pregunta lógica: ¿Qué tenía que ver ese funcionario de la Presidencia con una “cueva” de la City porteña, justo cuando el Gobierno les había declarado la guerra? Cristina Kirchner se enojó y Zannini terminó lagrimeando en una audiencia en el Senado nacional.

En ese mismo ámbito, al vicepresidente Amado Boudou no se le ocurrió mejor idea que jugar al Sudoku en una tablet para matar el tedio que le provocaba la exposición del jefe de Gabinete Capitanich ante los senadores. Al descrédito del hombre que se encuentra en primer lugar en la línea de sucesión presidencial también contribuyó la aceptación por parte del juez federal Ariel Lijo de los testimonios que lo comprometen en la causa que investiga el affaire Ciccone.

“Al final, nadie se acuerda de que a Boudou lo trajo Massa al Gobierno”, se quejó un ministro del Gabinete nacional para echarle el fardo al diputado opositor, sin reparar en que fue la propia Presidenta quien lo puso en la primera línea de la política al convertirlo sorpresivamente en su compañero de fórmula para las elecciones de 2011. Aquella decisión pertenece al pasado, aunque sus consecuencias se plasman en el presente y condicionan el futuro del elenco gubernamental.