Luces y sombras tras el acuerdo de París

Luego de la maratónica reunión que finalizó con el acuerdo de refinanciación con el Club de París, hubo euforia a nivel oficial, críticas cerradas de quienes plantean la ilegalidad de la deuda y cuestionamientos sobre el nivel de las obligaciones reconocidos y los plazos (cinco años con dos de gracia en caso de no ingresar inversiones prometidas de los países miembros del organismo), además de la tasa pactada.

Sin dudas se trató de un paso adelante en el proceso de regularización de la deuda, que ahora quedará acotada al juicio de los holdouts en Estados Unidos (ver aparte)

Pero más allá de la satisfacción respecto a los resultados que tendrá específicamente para la economía el acuerdo hay aún numerosos cuestionamientos.

Lo cierto es que Argentina reconoce una deuda de 9.700 millones, a cancelar mediante pagos regulares durante 5 años, con una tasa de interés (sobre saldos) del 3%. Los primeros dos desembolsos se efectuarán en julio próximo (650 millones) de dólares y en mayo de 2015 (500 millones de dólares).

INVERSIONES

Recién cuando se efectivicen estos pagos quedará despejado el camino para las inversiones y la cobertura de los seguros que estas implican y que hasta ahora están bloqueadas.

Otros de los beneficios, según distintos observadores sería destrabar créditos por unos 3.000 millones de dólares del Banco Mundial, hasta ahora frenados por el voto negativo de varios países, con Estados Unidos a la cabeza. Por otra parte, los pagos subsiguientes se efectuarán a partir de mayo de 2016, con otra administración al frente del Gobierno Nacional, lo que fue uno de los motivos de polémica. Pero desde el oficialismo se insiste que aún en ese caso, el próximo gobierno se encontrará con un frente externo más despejado y consistente.

Como es sabido, el acuerdo fija un criterio de pagos adicionales en caso de que aumenten las inversiones provenientes de los países miembros del Club, pero si éstas resultasen insuficientes, Argentina puede posponer los vencimientos hasta 2 años más, estirando el costo financiero a casi 4% para todo el período.

Al margen de avanzar con la normalización financiera del país, el Gobierno puede anotarse otra victoria: no habrá auditoría por parte del FMI. La participación del organismo es habitual en las negociaciones del Club de París, limitándose su rol a evaluar la capacidad de pago del país deudor. Distinto es el caso de la demorada revisión por el famoso artículo IV (Argentina es uno de los pocos países sin cumplir con este requisito), donde el FMI no sólo analiza la situación de cada país, sino también efectúa recomendaciones de política. Si bien éstas no son vinculantes, el Gobierno no desea pagar el costo político de someter las cuentas al escrutinio internacional. Sobre todo teniendo en cuenta la poca fiabilidad de las estadísticas oficiales, destaca un informe de la consultora Management & Fit.

La falta de auditoría externa no es gratis para el país. En primer lugar, el monto acordado entre las partes está más cerca de las pretensiones del Club de París que de las del Gobierno. En efecto, hasta ahora sólo se reconocían 5.900 millones de deuda impaga, correspondiendo la diferencia (64%) a intereses y punitorios que, en general, se negocian entre las partes.

En segundo lugar, los plazos de pago (5-7 años) son relativamente cortos para los estándares de reestructuraciones de deuda. En los arreglos más recientes y bajo las condiciones que otorgan menos concesiones, el plazo otorgado por el Club de París no es inferior a los 12 años.

En tercer lugar, al no haber auditoría, el Club de París exigió un desembolso inicial superior, a modo de seguro.

De todas formas, el Gobierno apuesta a que la regularización de la deuda con el Club de París facilite inversiones, mejore el nivel de actividad y oxigene las reservas. El acuerdo permite reanudar las líneas de crédito oficiales para empresas de los países miembros del Club, lo que estimularía inversiones en Argentina. La baja del costo financiero sería otro aspecto positivo, que beneficiaría tanto a empresas privadas, gobiernos provinciales (la ciudad de Buenos Aires y la Provincia estarían próximas a emitir deuda, que en el último caso se postergó debido a las altas tasas que se le exigían. Además, para el Banco Central será un alivio en el ingreso de divisas.